Infonavit reestructura millones de créditos impagables
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La reestructuración de créditos impagables del Infonavit avanza en todo el país y ya beneficia a 4.8 millones de trabajadores, con resultados visibles en Yucatán, donde más de 136 mil financiamientos fueron corregidos mediante liquidaciones, quitas y reducciones en pagos.
De acuerdo con autoridades federales, estas acciones buscan devolver viabilidad a créditos que por años resultaron incosteables para las familias, permitiéndoles regularizar su situación y proteger su patrimonio.
Yucatán, entre los estados con mayor impacto
En la entidad, 5 mil 900 créditos se liquidaron por completo; 36 mil 400 recibieron quitas al saldo, y 94 mil más obtuvieron reducciones en intereses, mensualidades y montos adeudados. Estas medidas han permitido a miles de familias retomar el control de sus viviendas y evitar la pérdida de sus hogares.
El avance se dio a conocer durante la entrega de 64 viviendas del desarrollo San Marcos, en Mérida, evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mediante enlace desde Palacio Nacional, como parte del programa Vivienda para el Bienestar.
Entrega gradual de viviendas y nuevos proyectos
El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que en el desarrollo San Marcos se construyen 2 mil 608 viviendas y que, de manera mensual, se entregarán 134 casas desde ahora y hasta agosto de 2027.
Además, detalló que en Yucatán existen 14 proyectos contratados que contemplan 33 mil viviendas en municipios como Mérida, Kanasín, Umán, Tizimín y Progreso, con 13 mil casas ya en construcción.
Inversión, empleo y justicia social
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, señaló que durante el sexenio se construirán 70 mil viviendas en Yucatán, más de 37 mil ya en obra, con una inversión de 42 mil millones de pesos. Este plan beneficiará a 252 mil personas y generará más de 525 mil empleos directos e indirectos.
El gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que el programa representa un acto de justicia social, al no solo entregar viviendas dignas, sino también regularizar créditos y liberar escrituras, brindando certeza jurídica y tranquilidad a familias que durante años enfrentaron deudas impagables.
