La Ley Trasciende: una mirada crítica a la eutanasia en México
Una iniciativa que abrió el debate nacional
La Ley Trasciende es una iniciativa ciudadana presentada por Samara Martínez Montaño, paciente con padecimientos crónico-degenerativos y activista por la muerte médicamente asistida. La propuesta fue ingresada ante la Cámara de Diputados el 29 de octubre de 2025, con el objetivo de despenalizar la eutanasia en México.
Desde su presentación, la iniciativa ha tenido amplia visibilidad mediática y ha detonado un debate nacional sobre la autonomía personal, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y el papel del Estado en decisiones que implican intervenir directamente en el final de la vida.
Para un sector de la sociedad, la Ley Trasciende representa un avance en libertades individuales. Sin embargo, desde una perspectiva jurídica, bioética y social, existen interrogantes que ameritan una reflexión profunda antes de impulsar un cambio legislativo de esta magnitud.
Autonomía bajo condiciones de vulnerabilidad
México enfrenta profundas desigualdades en el acceso a la salud, carencias estructurales en atención médica y una cobertura limitada de cuidados paliativos. En este contexto, la eutanasia no puede analizarse como una medida aislada.
Si bien la iniciativa sostiene que la eutanasia es un acto libre y consciente, la realidad muestra que la autonomía en situaciones de enfermedad grave es frágil. El dolor físico, el miedo, la depresión no tratada, la soledad, el abandono social o el temor a convertirse en una carga para la familia pueden influir de manera determinante en la toma de decisiones.
Estas condiciones distorsionan la libertad de elección y obligan a cuestionar si una decisión tomada en un escenario de vulnerabilidad extrema puede considerarse plenamente autónoma.
Empatía, cuidado y dignidad
La propuesta ha sido presentada como un acto de empatía. Sin embargo, la empatía no se limita a facilitar la muerte, sino que implica cuidar, acompañar, aliviar el dolor y ofrecer apoyo emocional hasta el final de la vida.
En este debate resulta inevitable abordar el papel de los cuidados paliativos, que deberían ocupar un lugar central en cualquier política pública sobre el final de la vida. En México, su disponibilidad es desigual y limitada: muchas personas no tienen acceso a manejo adecuado del dolor, atención domiciliaria, acompañamiento psicológico ni seguimiento especializado.
Mientras esta deuda estructural persista, hablar de eutanasia supone una falsa elección, pues no puede considerarse libre una decisión de morir cuando el Estado no garantiza primero las condiciones para vivir sin dolor y con acompañamiento digno.
El riesgo de una solución prematura
Fortalecer los cuidados paliativos permitiría evitar que la muerte asistida se convierta en una salida frente a un sistema de salud que no responde adecuadamente a las necesidades del final de la vida.
Antes de abrir la puerta a la eutanasia, es necesario cuestionar:
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¿Existe acceso universal a cuidados paliativos en México?
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¿Se han atendido las desigualdades que hacen que algunas personas sientan que su vida ya no vale?
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¿Está garantizado el acceso real a tratamientos, apoyo psicológico y redes comunitarias?
Ofrecer la muerte como alternativa, sin resolver estas carencias, resulta éticamente cuestionable.
Una discusión que exige responsabilidad
La iniciativa Ley Trasciende parte de una intención legítima: aliviar el sufrimiento humano. No obstante, desde una postura crítica, persisten riesgos importantes, como la exposición de personas vulnerables, las limitaciones del consentimiento informado, la falta de controles institucionales sólidos y los dilemas bioéticos y jurídicos que implica intervenir directamente en la terminación de la vida.
Una política pública verdaderamente centrada en la dignidad debe priorizar el acceso universal a cuidados paliativos, el acompañamiento integral, el apoyo psicosocial a las familias y medidas efectivas contra el abandono y la soledad.
Dignidad hasta el final
La muerte digna no se logra acelerando el final, sino evitando el abandono y el sufrimiento. Una sociedad justa no responde al dolor con la muerte, sino con protección, cuidado y acompañamiento.
La verdadera empatía del Estado se demuestra garantizando que cada persona viva sus últimos días con dignidad, apoyo y alivio, sin la sensación de que su vida dejó de tener valor.
La discusión sobre la eutanasia requiere seriedad, profundidad y responsabilidad. La humanidad no se mide por la rapidez del final, sino por la capacidad de acompañar hasta el último momento.
