Exfuncionarios de Pemex bajo la lupa por pensión otorgada a Casar
La investigación por pensión vitalicia en Petróleos Mexicanos avanzó esta semana con la programación de una audiencia federal contra dos ex funcionarios de la empresa productiva del Estado. El Ministerio Público Federal presentará cargos por el presunto uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionados con la autorización de una pensión mensual otorgada en 2004.
De acuerdo con información judicial, el caso se centra en decisiones administrativas que permitieron el pago de una pensión vitalicia por 125 mil pesos mensuales. Las autoridades sostienen que el beneficio se concedió sin cumplir con los procedimientos y requisitos establecidos en la normatividad interna de Pemex vigente en ese momento.
Ex funcionarios señalados
La causa penal incluye a Miguel Ángel Feijóo, ex gerente de Administración Financiera, y a Teresa Maldonado Ordóñez, quien laboró en la Subgerencia de Recursos Financieros. Ambos participaron en la tramitación y ejecución del pago, según consta en la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía.
Además, el expediente menciona a María Amparo Casar como beneficiaria directa de la pensión. La indagatoria indica que el pago se autorizó tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, quien se desempeñaba como funcionario de Pemex desde junio de 2004 y murió en octubre del mismo año.
Hechos bajo análisis
La Fiscalía sostiene que, tras el fallecimiento del trabajador, se giraron instrucciones internas para agilizar el trámite de la pensión post mortem y otros beneficios económicos. En consecuencia, el primer pago se realizó semanas después del deceso, situación que ahora se encuentra bajo revisión judicial.
Posteriormente, el Poder Judicial de la Federación resolvió la competencia del caso, lo que permitió fijar fecha para la audiencia inicial. En esa diligencia, el Ministerio Público formulará imputación formal contra los ex servidores públicos señalados.
Contexto del proceso judicial
En mayo de 2024, la dirección general de Pemex dio a conocer públicamente detalles del otorgamiento de la pensión, lo que impulsó la reapertura y judicialización del expediente. A partir de ese momento, la autoridad ministerial integró elementos documentales y testimoniales para sustentar la acusación.
La investigación por pensión vitalicia no implica, por ahora, una sentencia ni determina responsabilidades definitivas. El proceso busca esclarecer si existió un uso indebido de facultades administrativas y si se causó un daño al erario mediante decisiones contrarias a la ley.
Próximos pasos
Durante la audiencia programada, un juez federal escuchará los argumentos de la Fiscalía y de las defensas. En función de ello, definirá la situación jurídica de los imputados y determinará si el caso avanza a una etapa de juicio.
Mientras tanto, las autoridades reiteran que el procedimiento se desarrolla bajo el principio de presunción de inocencia. El caso se suma a otros procesos que revisan decisiones administrativas adoptadas en administraciones pasadas dentro de empresas del Estado.
