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Debate sobre la revisión de sentencias en la SCJN

Cinco ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) manifestaron su apoyo para estudiar la posibilidad de reabrir sentencias definitivas, lo que podría modificar el principio de “cosa juzgada”. Este principio sostiene que una vez que un asunto judicial ha sido resuelto, no se puede volver a juzgar.

El tema surgió durante la discusión de un proyecto que plantea aplicar la nulidad de juicio concluido en un caso mercantil. Sin embargo, el debate trascendió a un nivel más amplio, abordando la opción de revisar sentencias firmes dictadas por el Poder Judicial Federal. Los ministros Lenia Batres, Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz, Hugo Aguilar e Irving Espinoza mostraron apertura para analizar esta nueva facultad.

En un comunicado, la Corte explicó que contar con esta herramienta permitiría corregir casos donde se detecten acciones para torcer la justicia. Además, destacó que este recurso otorgaría certeza y seguridad jurídica a la sociedad, favoreciendo la paz social en el país.

Posiciones a favor y en contra de modificar “cosa juzgada”

La ministra Lenia Batres Guadarrama defendió la necesidad de un recurso extraordinario que permita anular sentencias contrarias a la ley y la justicia, siempre bajo un criterio de estricta excepcionalidad.

Por su parte, el ministro Irving Espinosa Betanzo enfatizó que revisar sentencias evitaría la repetición de injusticias graves y juicios viciados, calificando la revisión como una excepción necesaria al principio de cosa juzgada. Destacó que la rigidez de este criterio ha sostenido decisiones que transgreden derechos fundamentales y afectan el interés público.

En contraste, la ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que abrir esta posibilidad podría provocar una saturación en el Poder Judicial Federal, que resuelve alrededor de 1.5 millones de amparos al año. Advirtió que esta medida podría destruir la certeza jurídica y prolongar indefinidamente los procesos.

De forma similar, la ministra María Estela Ríos González sostuvo que la cosa juzgada es esencial para mantener la seguridad jurídica y la paz social. Añadió que la nulidad de sentencias debe sancionarse por la vía penal cuando exista fraude o simulación, y no mediante la creación de nuevas instancias judiciales.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz cuestionó la existencia de cosa juzgada cuando se obtiene mediante fraude o acciones ilícitas. Por ello, consideró que la Corte debe reconocer esos casos excepcionales sin negar la importancia del principio en general.

Finalmente, Loretta Ortiz Ahlf apoyó la nulidad para fortalecer sentencias especialmente en procesos fraudulentos, mientras que Arístides Rodrigo Guerrero García defendió mantener la obligatoriedad de cosa juzgada para garantizar la seguridad jurídica.