Airbnb en CDMX: ley en pausa por amparos y retrasos

Regulación detenida entre protestas y vacíos legales

Aunque la Ciudad de México aprobó una ley para limitar las rentas turísticas a 180 noches al año, su aplicación permanece en suspenso. Las razones van desde amparos legales promovidos por anfitriones y plataformas como Airbnb, hasta la ausencia de un padrón oficial que regule el mercado. Mientras tanto, las protestas por el encarecimiento de la vivienda se intensifican y los vecinos exigen acciones concretas para frenar la gentrificación.

Durante una reciente manifestación, vecinos de colonias como la Roma, Condesa y Juárez reclamaron que el turismo digital ha encarecido la vida, desplazado a familias y transformado la dinámica social. Carteles con consignas como “Airbnb nos desplaza” o “Gringos go home” resumieron el descontento creciente. Paradójicamente, muchos pedían la aplicación de una norma que ya existe, pero que no opera.

La regulación, vigente desde 2023, establece un tope de 180 noches de renta por propiedad, pero carece de mecanismos de verificación efectivos. El padrón digital que permitiría su cumplimiento no se ha publicado, y aunque técnicamente está listo, el gobierno de la ciudad decidió aplazarlo para hacer una “reflexión profunda” sobre su implementación.

En entrevista, el funcionario Javier Tamariz, involucrado en el desarrollo de la plataforma, negó que los amparos hayan detenido su publicación. Señaló que el retraso responde a una decisión de fondo: “Queremos que ayude a resolver el equilibrio entre el derecho a la vivienda y el turismo, no queremos solo aplicar la ley por cumplir plazos”.

Sin embargo, el limbo legal ha generado incertidumbre entre los anfitriones. Algunos, como Marco Hernández, continúan operando como siempre: “No nos han notificado de nada. La ley existe, pero es como si te pidieran licencia de conducir y no hubiera oficinas para tramitarla”.

Desde el lado legal, grupos de anfitriones impulsaron amparos con apoyo de despachos privados y coordinación directa con Airbnb. Algunos fueron aceptados por jueces, otros siguen en espera. Pero los propios anfitriones reconocen que los amparos no son el principal obstáculo, sino la falta de voluntad política.

Aldo, otro anfitrión que renta una sola propiedad para pagar su hipoteca, rechaza la idea de ser parte del problema. Asegura que la mayoría de sus huéspedes son nacionales y que las ganancias apenas superan lo que obtendría con una renta tradicional. “No somos inversionistas. No se gana lo que la gente piensa”, afirma.

Otras ciudades han enfrentado retos similares. En Madrid, las licencias obligatorias y limitaciones de acceso han reducido significativamente las viviendas turísticas. Nueva York, por su parte, impuso una ley que restringe estancias menores a 30 días si el anfitrión no vive en el inmueble, con multas tanto para propietarios como para plataformas.

En contraste, la Ciudad de México continúa en una zona gris, con una ley que no se aplica y una ciudadanía dividida entre quienes exigen el derecho a la vivienda y quienes defienden el derecho a rentar.