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Por: Liébano Sáenz

México enfrenta una nueva embestida del gobierno norteamericano. Por ello, hoy se requiere sensatez, prudencia y claridad sobre el interés nacional. Reconocer los problemas y las fortalezas, es el primer paso. En las últimas décadas, el país logró modernizarse en lo político y económico. Sin embargo, dos graves insuficiencias persistieron: la inseguridad y la desigualdad.

Es un error asumir que superar esas vulnerabilidades —que han quedado seriamente expuestas ante las exigencias del veleidoso y poderoso vecino— depende solo de la voluntad del gobernante. Frente a la coyuntura que se vive, se necesita una respuesta proactiva, especialmente de las autoridades; pero lo realmente trascendente, lo que verdaderamente evoluciona y perdura es cuando el Estado y sociedad actúan de manera comprometida, empática e incluyente, como sucedió con la transformación política y económica de la última década del siglo pasado.

En los últimos siete años el gobierno ha capitalizado el descontento popular frente a la corrupción, la violencia y la exclusión. Sin embargo, ha asumido atribuciones que desequilibran la democracia y erosionan las normas constitucionales. No es exagerado advertir que la colonización de los órganos autónomos y la embestida al Poder Judicial marcan un punto de quiebre en la historia nacional. El autoritarismo se normaliza cuando se minimizan estos cambios; se puede discrepar, pero no desestimar su impacto.

La polarización —alentada desde el poder— ha llevado al encono y la descalificación de quienes no se alinean con la visión oficial. Esa ruta es incompatible ante retos como el crimen organizado, la presión internacional y un entorno global de incertidumbre. Todo ello pone en riesgo nuestra soberanía.


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