Tus datos personales a los que tendrá acceso el gobierno sin orden judicial
Ley de inteligencia en seguridad pública
Ley de inteligencia permite acceso sin orden judicial
La aprobación de la Ley de inteligencia en seguridad pública por parte de la Cámara de Diputados ha generado una intensa controversia en México. Con esta reforma, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, podrá tener acceso a datos personales de los ciudadanos, incluyendo información bancaria, telefónica y biométrica, sin requerir una orden judicial previa en todos los casos.
El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, obtuvo 368 votos a favor y 101 en contra en lo general. Los legisladores de Morena, PT y PVEM respaldaron la iniciativa, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra, argumentando que representa una amenaza a la privacidad y abre la puerta a un esquema de vigilancia masiva sin contrapesos.
A través de la nueva norma, la SSPC tendrá acceso directo a múltiples bases de datos tanto del sector público como del privado. Entre la información que podrá consultarse se encuentran los registros financieros, datos biométricos, información vehicular, propiedades inmobiliarias, historiales fiscales, antecedentes penales y datos de telecomunicaciones.
La recopilación de esta información se realizará mediante la Plataforma Central de Inteligencia, operada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y coordinada por la SSPC. Este sistema interconectará datos sensibles de distintas dependencias e instituciones privadas, con el objetivo de generar inteligencia útil en materia de seguridad pública.
SSPC podrá consultar datos personales sin control judicial obligatorio
Sin embargo, diversos sectores han levantado la voz. Organizaciones civiles, activistas y partidos de oposición alertan sobre el riesgo de que esta ley se utilice como herramienta de vigilancia política. Argumentan que el texto legal permite el acceso sin control judicial obligatorio, lo que podría violar el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales.
El Artículo 26 ha sido uno de los puntos más criticados, al establecer que el uso de información estará sujeto “en su caso” a control judicial, sin aclarar con precisión en qué circunstancias. Esta ambigüedad preocupa a los expertos, quienes consideran que podría prestarse a abusos.
En respuesta, legisladores de Morena aseguran que la ley respeta los límites constitucionales y no permite prácticas como el espionaje sin supervisión. Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad, afirmó que el nuevo sistema se usará únicamente para prevenir delitos y que la protección de los derechos humanos está garantizada.
Además, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, declaró que el acceso a datos estará regulado por el Ministerio Público y que la Secretaría no tendrá acceso irrestricto a toda la información.
Mientras tanto, el debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional y protección de la privacidad continúa. La ley ya está en manos del Senado para su revisión final, en medio de un ambiente político polarizado y una sociedad civil alerta.
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