La reforma donde se incluye a la Guardia Nacional plantea licencias especiales para que elementos en activo accedan a cargos de elección popular.
Elementos en activo de la Guardia Nacional (GN) podrían contender por cargos de elección popular y acceder a puestos administrativos en los tres niveles de gobierno, de acuerdo con el dictamen de las leyes secundarias derivadas de la reforma que adhiere esta corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que será votado por diputados este martes.
Licencias permitirían desempeñar funciones civiles
El artículo 44 de la Ley de la Guardia Nacional establece que los integrantes de la GN podrán solicitar licencias ordinarias, ilimitadas, especiales y por edad límite, lo que les permitiría separarse temporalmente de sus funciones para desempeñar empleos civiles o ser candidatos en procesos electorales.
“Siempre que esas actividades y empleos requieran separarse temporalmente de las funciones de seguridad públicas para estar en aptitud legal de desempeñarlos”, señala el dictamen.
La propuesta también indica que será facultad del Ejecutivo federal o del titular de la Sedena otorgar o negar estas licencias.
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Movimiento Ciudadano alza la voz
La bancada de Movimiento Ciudadano (MC), a través de su coordinadora Ivonne Ortega, expresó su rechazo al dictamen por considerar que abre la puerta a una militarización de la vida pública y socava los contrapesos democráticos.
“Huele a autoritarismo, a golpe de Estado”, advirtió Ortega, al señalar que la decisión de otorgar licencias para contender por un cargo quedaría en manos del Ejecutivo o del titular de la Sedena, sin intervención del Congreso.
¿Qué tipo de licencias contempla la ley?
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Ordinaria: con goce de haberes hasta por seis meses por enfermedad o asuntos personales.
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Ilimitada: sin goce de sueldo para separarse del servicio activo indefinidamente.
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Especial: para desempeñar cargos de elección popular o ser asignados a funciones ajenas a la GN por el Presidente.
Un paso más en la reforma militar
Este dictamen se enmarca en la controversial reforma que adscribe la Guardia Nacional a la Sedena, una decisión que ha generado inquietudes en sectores civiles por su posible impacto en el equilibrio entre fuerzas armadas y poder civil.
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