PUEBLA, Pue. – En medio de fuertes cuestionamientos nacionales e internacionales, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, se aferró a defender la polémica ley de ciberasedio, una reforma al Código Penal que, según múltiples expertos, abre la puerta a la persecución y censura de voces críticas.
Pese a las advertencias de organismos como la ONU-DH y Amnistía Internacional México, que han señalado los riesgos de criminalizar el ejercicio periodístico, la denuncia social y la protesta digital, Armenta insistió en que su iniciativa no busca coartar la libertad de expresión, sino combatir los ciberdelitos.
“Cero censura”, repitió el mandatario en su conferencia matutina, una frase que contrasta con la preocupación creciente de periodistas, activistas y mujeres defensoras de derechos, quienes podrían ser silenciadas con esta legislación ambigua y peligrosamente interpretable.
La reforma, promovida desde el Congreso local por José Luis García Parra —exdiputado y actual coordinador del gabinete estatal—, ha generado un clima de incertidumbre, pues amplía la definición de ciberasedio sin criterios claros, lo que facilita su aplicación arbitraria. Mientras el gobierno afirma que se trata de proteger a la ciudadanía, las organizaciones alertan que se trata de una herramienta de control político.
Una ley con doble filo
Aunque el gobernador presume que Puebla es uno de los estados con mayor incidencia de delitos digitales, la solución no puede ser una ley que vulnera derechos fundamentales, como lo han señalado expertos jurídicos y defensores de derechos humanos.
Amnistía Internacional fue contundente: “Lejos de proteger derechos, estas reformas los ponen en riesgo”, al señalar que la norma podría ser utilizada para intimidar a quienes denuncien públicamente abusos de poder, corrupción o negligencia institucional.
Particularmente preocupante es el impacto que esta reforma podría tener en mujeres que usan redes sociales para denunciar el incumplimiento de pensiones alimenticias o violencia familiar. La ley no distingue entre acoso real y legítima denuncia, lo cual es, en sí mismo, un retroceso inaceptable.
El gobierno pide aplausos, no críticas
Lejos de atender las críticas con responsabilidad democrática, Armenta optó por el reproche. En lugar de corregir el rumbo, reclamó a organismos como la ONU por no “reconocer” su estrategia contra los feminicidios. Una postura que muestra molestia ante la fiscalización y exigencia de rendición de cuentas.
Mientras continúan los foros ciudadanos, que parecen más una estrategia de contención que de consulta real, la sociedad civil permanece en alerta. La defensa de la libertad de expresión, piedra angular de cualquier democracia, no puede quedar a merced de leyes que faciliten la censura.
