Partidos ven riesgos persistentes de censura y control
Las modificaciones anunciadas por el gobierno federal a la iniciativa presidencial de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión resultan insuficientes, según legisladores del PRI y PAN. Aunque reconocieron avances como la eliminación del artículo 109, advirtieron que el proyecto aún plantea riesgos de censura, concentración de poder y vulneración a derechos como la protección de datos personales.
Durante la sesión de la Comisión Permanente en el Senado, Manuel Añorve, coordinador del PRI, señaló que eliminar un artículo no resuelve los problemas de fondo. Mencionó, por ejemplo, que el artículo 8, fracción 62, sigue permitiendo suspender transmisiones, y denunció que el proyecto mantiene una intención de control sobre medios y plataformas digitales.
Añorve cuestionó también que se mencione la entrega de concesiones “con sentido social” a radios comunitarias, siendo que estas ya operan bajo ese esquema. Agregó que varios puntos del documento violan compromisos establecidos en el T-MEC, particularmente en cuanto a la asignación del espectro radioeléctrico y la necesidad de organismos autónomos para regular el sector.
PAN propone una nueva alternativa legal
Por su parte, senadores del PAN, encabezados por Ricardo Anaya, coincidieron en que los cambios representan un paso adelante, pero no abordan las preocupaciones centrales. Celebraron que se haya retirado el artículo 109 y los artículos 201 y 202, los cuales, según ellos, permitían censurar contenidos de medios extranjeros.
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Sin embargo, señalaron que otros elementos polémicos permanecen. Anaya criticó que el nuevo órgano regulador planteado dentro de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) no cuente con autonomía constitucional, lo que facilitaría el control político del sector. Propuso que se cree un organismo independiente, con participación de instituciones como el Banco de México o el Inegi en la elección de sus integrantes.
Los panistas también advirtieron sobre el artículo 8, fracción 64, que plantea un registro de usuarios de telefonía móvil, una medida que la Suprema Corte ya había declarado inconstitucional. Además, reiteraron que las disposiciones del capítulo 18.17 del T-MEC exigen que el sector se regule a través de un ente independiente y no por órganos desconcentrados del Ejecutivo.
Tanto el PRI como el PAN afirmaron que trabajan en propuestas propias de legislación. Consideraron viable que el proyecto actual se modifique de fondo, aunque también abrieron la puerta a que el Ejecutivo presente una nueva iniciativa, sin los elementos que consideran riesgosos.
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