Por: Gildardo López
En México, los cambios legales rara vez son neutros. Detrás de cada reforma hay un diseño político, una intención de poder. La nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada en mayo de 2025, no es la excepción. Su propuesta es ambiciosa, incluso tentadora en algunos de sus objetivos sociales: llevar internet a todos los rincones del país, reducir los costos del espectro, facilitar el despliegue de infraestructura, promover la cobertura en zonas rurales y reconocer derechos postergados de usuarios y audiencias.
Pero la pregunta de fondo, la que debe ocuparnos más allá de los buenos propósitos, es: ¿a cambio de qué?
Porque en el corazón de esta reforma late una decisión política contundente: eliminar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un órgano constitucional autónomo, y transferir sus funciones al Ejecutivo federal mediante una nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Es decir, suprimir al árbitro independiente para entregar el silbato al propio jugador.
Este es el punto medular.
El IFT no era perfecto, ningún regulador lo es, pero representaba un intento serio, reconocido internacionalmente, de preservar reglas del juego imparciales en un sector que toca fibras vitales de la democracia: la libertad de expresión, la pluralidad mediática, la neutralidad de la red, la competencia entre gigantes tecnológicos y el acceso equitativo a la información.
Centralizar toda la regulación en un órgano sectorizado al Ejecutivo, por más que se le prometa “independencia técnica”, es renunciar a ese principio básico que tanto nos ha costado construir: que el Estado no sea juez y parte.
El poder que quiere escucharse a sí mismo
La narrativa del gobierno es clara: se busca eficiencia, combate a la corrupción, cobertura universal. Pero en ese afán, la reforma entra en una zona gris.
¿Es viable hablar de “internet abierto” cuando el responsable de definir los lineamientos es un órgano del Ejecutivo, sin contrapesos reales?
¿Cómo garantizar que la asignación de espectro, la autorización de contenidos o la vigilancia de audiencias no se conviertan en instrumentos de presión política o favoritismo comercial?
No se trata de una exageración. Basta mirar el contexto regional para entender que las democracias contemporáneas no colapsan con tanques, sino con reformas legales que erosionan paulatinamente los contrapesos. Y la autonomía regulatoria en sectores estratégicos como telecomunicaciones es uno de los primeros blancos.
Las señales que cruzan la frontera
Esta preocupación no es solo local. Estados Unidos, por ejemplo, ha mostrado históricamente una atención especial al tema de medios, competencia y libertades digitales en sus socios comerciales.
La desaparición del IFT no pasa desapercibida en Washington, especialmente en un contexto donde el TMEC consagra principios de competencia efectiva y trato equitativo a empresas extranjeras.
Tampoco es menor que la reforma establezca límites a la transmisión de propaganda política o comercial de gobiernos extranjeros, salvo excepciones culturales o turísticas. Si bien es legítimo evitar la injerencia externa, esta redacción ambigua abre la puerta a una supervisión más ideológica que jurídica, sobre todo en un entorno donde los límites entre medios tradicionales y plataformas digitales se desdibujan.
Una tendencia que inquieta
Lo que agrava la preocupación es que esta reforma no es un hecho aislado. Forma parte de una tendencia más amplia: la erosión deliberada de los órganos constitucionales autónomos en México.
En meses recientes, la COFECE (Comisión Federal de Competencia Económica) y el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) han sido ya formalmente eliminados. Hoy no hay autoridad autónoma que regule la competencia ni que garantice el derecho ciudadano al acceso a la información pública y a la protección de datos personales.
En paralelo, se discute una reforma judicial que propone elegir por voto popular a jueces y ministros de la Suprema Corte, lo que amenaza con transformar al Poder Judicial en una extensión del poder político mayoritario.
Así, lo que está en juego no es únicamente la regulación del espectro o de los medios, sino el modelo institucional sobre el que se asienta nuestra democracia: uno de equilibrios, límites al poder y garantías ciudadanas.
La paradoja de la conectividad sin libertad
Paradójicamente, esta puede terminar siendo una ley eficaz para conectar a más mexicanas y mexicanos… y, al mismo tiempo, para desconectarlos del pluralismo informativo.
Porque el problema no está en ampliar la infraestructura ni en promover la cobertura, eso es deseable y urgente, sino en hacerlo bajo un modelo que reduce los márgenes de independencia, neutralidad y vigilancia ciudadana.
¿Queremos más internet o mejor internet?
¿Más medios o más voces?
¿Más regulación o más control?
Las preguntas no son retóricas. La forma en que se responden definirá, en buena medida, el tipo de democracia que México construya en los próximos años.
Esta no es una discusión técnica. Es, en su raíz, una discusión sobre el poder: quién lo ejerce, cómo lo limita la ley y cómo lo percibimos los ciudadanos.
Y sobre eso no podemos, ni debemos, guardar silencio.
