Por:
Raúl Contreras Bustamante
El Presupuesto de Egresos de la Federación es una herramienta que refleja las prioridades, la visión y el rumbo que quiere seguir el gobierno en turno. Es la expresión financiera de las políticas públicas que habrán de ponerse en marcha en el futuro y que tendrán consecuencias directas en la vida de los ciudadanos y en la economía del país.
En el Presupuesto de Egresos 2025 la Cámara de Diputados asignó una ministración de un monto aproximado de 1.113 billones de pesos para financiar los programas sociales. En cambio, para el ámbito educativo, el presupuesto sólo alcanzó un poco más de 1 billón de pesos.
Del total de las secretarías que conforman la Administración Pública Federal, la Secretaría del Bienestar tiene el mayor presupuesto asignado, con un monto de casi 580 mil millones de pesos. En segundo lugar, se encuentra la Secretaría de Educación Pública con 465 mil 871 millones 888 mil 417 pesos. Se trata de una diferencia de poco más de 114 mil millones de pesos; es decir, la SEP cuenta con 20% menos de presupuesto. Sólo para dimensionar, la diferencia es tal que ella alcanzaría para sostener dos universidades del tamaño de la UNAM.
Los programas sociales surgieron para tratar de reducir la brecha de desigualdad que existe entre los distintos sectores sociales. En nuestro país este tipo de programas se vienen aplicando desde la última década del siglo pasado, pero tomaron un auge especial en la pasada administración y han adquirido un nuevo impulso con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Como se señaló, el gobierno mexicano ha asignado una cantidad significativa a programas sociales, mientras que la inversión en educación pública es menor para el presente ejercicio fiscal. Esta diferencia plantea preguntas sobre las prioridades del gobierno, ya que —como se ha dicho con anterioridad en este mismo espacio— la inversión en educación debe ser considerada como estratégica para el desarrollo nacional. Surge la pregunta ¿México está priorizando de manera estratégica su futuro?
De acuerdo con datos de la OCDE, México destina un porcentaje menor de su PIB a la educación, en comparación con otros países miembros de ésta. Mientras que el promedio de inversión en educación entre los países miembros es de 4.9% del PIB, México destina 4.2%, posicionándose en el lugar 28 de 38. El gasto anual en nuestro país es de 3 mil 513 dólares por estudiante, lo que contrasta con los 14 mil 209 dólares que en promedio gastan los países de la organización.
Según datos oficiales del Inegi, en México la tasa de analfabetismo absoluto sigue siendo de 4.7%, Y según los resultados de la OCDE, poco más de 50% de los adultos del país tienen un nivel bajo en “competencia lectora”, lo que los considera como integrantes de una especia de analfabetismo funcional. Por otra parte, en el ciclo 2023-2024, la deserción escolar —a nivel medio superior— representó un porcentaje de casi 11% debido al desinterés por los programas educativos, la presencia de violencia en el entorno escolar, dificultades familiares, cambios de residencia y la insuficiencia de recursos económicos.
La forma más real y efectiva de sacar a la gente de la pobreza es a través de la educación. Que además fomenta la conciencia cívica, el pensamiento crítico y la resolución pacífica de conflictos, contribuyendo a sociedades más cohesionadas, pacíficas y democráticas.
La respuesta no es debilitar o desaparecer a algunos programas sociales y darlo todo a la educación porque también cumplen un papel esencial al atender necesidades inmediatas y garantizar el bienestar de los sectores más vulnerables.
Pero si de prioridades se trata, habrá que doblar la apuesta en favor de la inversión para más y mejor educación.
Como Corolario, las palabras de Aristóteles: “Donde quiera que la educación ha sido desatendida, el Estado ha recibido un golpe funesto”.
