Nueva ley busca recuperar controles eliminados en 2014
El Senado de la República recibió este martes la iniciativa para restablecer la prohibición de propaganda extranjera en medios, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta medida forma parte de un nuevo marco legal en telecomunicaciones que busca reorganizar y fortalecer la soberanía informativa del país. La propuesta se incluye en una extensa Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, resultado de la reforma constitucional en simplificación orgánica, promulgada en diciembre de 2024.
El proyecto fue turnado a tres comisiones legislativas: Radio, Televisión y Cinematografía; Comunicaciones; y Estudios Legislativos. Su discusión comenzará mañana, y se espera que el dictamen llegue al pleno del Senado el próximo lunes.
Entre los puntos centrales de la iniciativa, destaca el artículo 210, el cual prohíbe que los medios de comunicación mexicanos —incluyendo radio, televisión abierta y servicios restringidos— difundan propaganda política, ideológica o comercial proveniente de gobiernos o entidades extranjeras. Se hacen excepciones únicamente en los casos de contenidos con fines turísticos o culturales.
Además, esta limitación se extiende a plataformas digitales disponibles en territorio nacional. Estas no podrán vender espacios publicitarios a gobiernos extranjeros, salvo que los contenidos estén orientados a la promoción cultural o turística. También se prohíbe a los programadores y operadores de señales distribuir este tipo de mensajes a través de concesionarios mexicanos.
La ley contempla la creación de la Agencia de Transformación Digital, una nueva dependencia con rango de secretaría de Estado, que absorberá las funciones del desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Esta agencia se encargará de administrar el espectro radioeléctrico bajo principios de interés público, pues se reafirma que es un bien de la nación.
El nuevo marco también rediseña el esquema de concesiones. Se establecen modalidades para usos comercial, público, privado y social. Se prevé incluso que el Ejecutivo Federal pueda recibir concesiones directas, lo que permitiría llevar internet de banda ancha a zonas marginadas.
En cuanto a los concesionarios, la ley propone un régimen de sanciones más estricto, con multas que podrían alcanzar hasta el 0.75 % de sus ingresos. También se establecen causales específicas para la revocación de concesiones, como el incumplimiento en la gestión de recursos orbitales.
Finalmente, el artículo 18 transitorio establece que las concesiones previas a 2014 serán adaptadas al nuevo régimen legal. Durante el periodo de transición, se suspenderán varios trámites por 60 días hábiles, sin afectar las obligaciones vigentes de los concesionarios.
