La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmó el derecho humano al agua al validar disposiciones del Estado de Querétaro que permiten limitar el suministro por falta de pago, siempre que se garantice un mínimo vital de 50 litros diarios por persona para uso doméstico.
Durante la sesión del Pleno, la ministra Yasmín Esquivel Mossa respaldó el proyecto que reconoce la validez constitucional de dichas disposiciones, señalando que tanto autoridades como concesionarios tienen la obligación de garantizar el acceso al agua sin discriminación, en condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad.
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50 litros diarios: el mínimo indispensable para una vida digna
La ministra Esquivel subrayó que la medida es coherente con los estándares internacionales, particularmente con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establecen que 50 litros por día son esenciales para cubrir necesidades básicas como beber, cocinar y mantener la higiene personal.
“El acceso al agua es un derecho humano protegido por la Constitución. Aun en casos de falta de pago, no puede justificarse una desconexión total del suministro”, puntualizó Esquivel.
Agua como derecho constitucional
El derecho al agua está consagrado en el artículo 4º, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación del Estado de garantizar el acceso, disposición y saneamiento del recurso hídrico para el consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
La validación de esta disposición en Querétaro marca un precedente importante en la defensa del derecho al agua, al mismo tiempo que permite a las autoridades implementar medidas razonables en casos de adeudos sin vulnerar la dignidad humana.
Equilibrio entre derechos y obligaciones
La SCJN establece así un equilibrio entre el derecho al agua y el cumplimiento de obligaciones por parte de los usuarios, permitiendo medidas de restricción sin comprometer la salud ni la vida de las personas. Esta decisión refuerza el compromiso del Poder Judicial con los derechos fundamentales y el desarrollo sustentable.
