La Corte Suprema de EE.UU. ordenó detener, por ahora, la deportación de un grupo de venezolanos detenidos en Texas. La decisión surgió después de que organizaciones defensoras de derechos humanos presentaran un recurso de emergencia contra las políticas migratorias impulsadas por el expresidente Donald Trump, quien intenta aplicar una ley del siglo XVIII para justificar las expulsiones.
¿Qué motivó la suspensión?
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) denunció el viernes por la noche que las autoridades migratorias preparaban la expulsión inmediata de varios migrantes venezolanos. Indicó que algunos ya habían subido a autobuses rumbo al aeropuerto sin recibir notificación previa ni la oportunidad de apelar.
Ante esta situación, la Corte Suprema de EE.UU. intervino y frenó las deportaciones. Esta decisión siguió el precedente de un fallo anterior que establece el derecho de los migrantes a impugnar legalmente su expulsión con un tiempo razonable.
Trump usa ley colonial para justificar expulsiones
Trump activó la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) de 1798 para acelerar la expulsión de venezolanos acusados de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua. Este mecanismo legal, creado durante la época colonial, solo se había utilizado en conflictos bélicos como la Guerra de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Desde marzo, el gobierno estadounidense comenzó a trasladar a más de 200 migrantes venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Trump logró este acuerdo directamente con el presidente Nayib Bukele, pese a las denuncias internacionales por presuntos abusos cometidos en ese centro penitenciario.
Organizaciones cuestionan legalidad y trato a migrantes
Varios abogados de derechos humanos afirmaron que sus representados no forman parte del Tren de Aragua ni tienen antecedentes penales. Aseguran que las autoridades los seleccionaron por su apariencia física o por tener tatuajes, sin pruebas concretas.
Aunque la Corte Suprema ordenó notificar a los migrantes con antelación, el gobierno de Trump no ha aclarado cuántos días considera razonables. La ACLU y otras organizaciones han exigido un plazo mínimo de 30 días para permitir que los migrantes presenten recursos legales como el hábeas corpus, un derecho fundamental en el sistema jurídico estadounidense.
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