Por Raúl Contreras Bustamante
Desde sus orígenes en la Edad Media, las universidades surgieron con el objetivo de generar y compartir conocimientos, así como para promover el aprendizaje avanzado. A la primera en la historia, que fue Bolonia, en Italia –surgida en 1088–, le siguieron Oxford, París, Cambridge y Salamanca.
La universidad más antigua de Estados Unidos –y una de las más exitosas– es Harvard, fundada en 1639, la cual nació incluso antes que la propia Unión Americana. Le ha dado a su país 161 premios Nobel y de sus aulas han egresado ocho expresidentes estadunidenses.
Harvard se ha vuelto noticia en los últimos días debido a que Donald Trump le está demandando cambios a la institución para justificar la inversión de fondos federales. Entre las exigencias de la Casa Blanca se encuentran: denunciar ante el gobierno federal a los estudiantes que sean “hostiles” a los valores estadunidenses; garantizar que cada departamento académico tenga “diversidad de puntos de vista”; así como contratar a una entidad externa aprobada por el gobierno para auditar los programas y departamentos “que más fomentan el acoso antisemita”.
Ante la negativa de la institución de permitir las intromisiones en su vida académica exigidas, el mandatario ha ordenado la congelación de más de dos mil millones de dólares en fondos. Ante esto Alan Garber, presidente de Harvard, manifestó su rechazo a estas demandas y afirmó que la Universidad no renunciará a su independencia ni a la libertad de expresión, amparados en la Primera Enmienda constitucional.
La andanada de Trump no es exclusiva de Harvard, ya han sido también víctimas de sus represalias la Universidad de Columbia, la Universidad de Princeton, así como al Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Conviene saber que, en Estados Unidos, las universidades disfrutan de una exención del impuesto federal sobre la renta. Sin embargo, existe el riesgo de que dicho beneficio fiscal puede revocarse si estas entidades participan en actividades políticas o se apartan de los propósitos establecidos en sus estatutos.
A lo largo de la historia, la educación ha sido un espacio de disputa entre el poder establecido y las aspiraciones emancipadoras de las sociedades. Por un lado, el poder siempre ha buscado controlar la narrativa educativa para perpetuar estructuras de dominación y, por el otro, las instituciones académicas han luchado porque la educación sea un vehículo de pensamiento crítico y científico, así como un factor que genere el cambio social.
Hoy la apuesta de Trump es por apoderarse de la libertad académica. La periodista norteamericana Anne Applebaum, en su libro El ocaso de la democracia, seducción del autoritarismo, dice que quienes gobiernan con esa orientación aspiran a implantar una educación forzada; un control absoluto de toda la cultura y la polarización del periodismo, el deporte, la literatura y las artes.
Hoy, la lucha por la autonomía e independencia de las universidades implica defender el derecho de generar y transmitir conocimientos, así como realizar actividades educativas de forma libre y sin temor a represalias. Aunado a esto, la libertad académica contempla también el derecho de la sociedad y las comunidades universitarias a recibir información, conocimientos y opiniones producidas dentro y fuera de su propio entorno.
Tanto las universidades como los medios de información independientes parecen ser los valladares que pueden detener tanta irracionalidad de las medidas impuestas por el mandatario norteamericano, que pretende destruir la democracia ejemplar de su nación.
Como Corolario las palabras de Platón, quien: “Temía de las falsas y jactanciosas palabras del demagogo, porque la democracia podía no ser más que el punto de partida en el camino hacia la tiranía”.
