Por: Raúl Contreras Bustamante
Uno de los principales problemas sociales es la corrupción, cuyo significado viene de la raíz latina “corruptio”, que significa “acción y efecto de corromper, de quebrar”. En un inicio se utilizaba para referirse a la descomposición o deterioro de algo; pero con el tiempo se empezó a usar para describir conductas deshonestas o fraudulentas; de manera especial en el ámbito del poder político y el servicio público.
En México la corrupción en el servicio público ha echado hondas raíces a lo largo de su historia. Se sabe que, durante los tres siglos de la Colonia, los cargos públicos en el gobierno virreinal se vendían desde España y quienes los compraban venían sin conocer la realidad social ni tener experiencia alguna, a enriquecerse.
De manera reciente aparecieron los resultados de la nueva edición del “Índice de Percepción de la Corrupción”, presentada por Transparencia Internacional, sobre la corrupción en el mundo, en el año 2024.
La clasificación se da en una escala de 0 -correspondiente a los más corruptos-; y 100, para aquellos países mejor evaluados y más limpios. México se califica con 26 puntos y se ubicó en la posición 140 de 180 países evaluados.
La noticia es lamentable por diferentes aspectos. El primero de ellos -y más alarmante- es que México cayó 5 sitios respecto del año pasado; y ahora se ubica en la peor posición que ha ocupado en la historia; y nos coloca en la misma puntuación que países como Uganda, Iraq o Nigeria.
Otro aspecto que llama la atención es que el 44% de las personas encuestadas pensaron que la corrupción había aumentado en los 12 meses anteriores. El 34% de los usuarios de servicios públicos reportó haber pagado un soborno durante ese último año.
Lo anterior posiciona a la República Mexicana en el último lugar –en el sitio 38 de las 38 economías evaluadas- entre los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
En la región latinoamericana estamos por encima de Guatemala y Paraguay, que obtuvieron 25 puntos; Honduras con 22; Nicaragua en 14 y Venezuela con 10. Estamos detrás de Brasil que obtuvo 34 puntos; Argentina con 37 o Chile con 63.
Los países mejor evaluados en el orbe fueron Dinamarca con 90 puntos; Finlandia con 88 y Singapur con 84. Ningún país alcanzó los 100 puntos.
Esta clasificación internacional vergonzante de México constituye uno de los principales retos del gobierno que apenas inicia. Es un problema heredado que necesitará políticas públicas muy bien estructuradas e instituciones que busquen prevenir y sancionar de manera efectiva.
La corrupción es un cáncer social y no es un problema exclusivo del gobierno federal, sino que encuentra metástasis en los tres niveles de gobierno. Desde el año 2015, se reformó la Constitución -en su artículo 113- para configurar al Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos.
Dicho Sistema ha sido letra muerta, pues nunca ha recibido presupuestos suficientes, ni se ha convocado a su funcionamiento de manera importante, a pesar de que el combate a la corrupción ha sido siempre bandera política.
La ciudadanía identifica a la corrupción como uno de sus principales problemas, sólo detrás de la inseguridad y la violencia.
Como Corolario, la definición de “corrupto” que da el Diccionario de Política de Norberto Bobbio: “Es el comportamiento ilegal de aquel que ocupa un papel en la estructura estatal.”
