¿En riesgo la Plataforma Nacional de Transparencia?

La Plataforma Nacional de Transparencia, un archivo digital que ha sido clave en el acceso a la información pública en México, enfrenta un futuro incierto tras la reciente Reforma Constitucional que podría modificar el papel de los organismos autónomos. Esta base de datos, protegida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), ha sido fundamental durante 21 años y contiene cerca de 15 mil millones de archivos que incluyen información pública clave de cientos de entidades gubernamentales.

El valor de la Plataforma Nacional de Transparencia

La Plataforma Nacional de Transparencia almacena información de más de 700 sujetos obligados federales y más de 7 mil a nivel nacional. Estos datos abarcan una gran variedad de temas, como sueldos, contratos, trámites, presupuestos y padrones de beneficiarios, todos pertenecientes a entidades que manejan recursos públicos. Norma Julieta del Río, comisionada del INAI, calificó este archivo como “un tesoro” debido a la enorme cantidad de información pública que contiene.

Con un costo de operación de 14 millones de pesos al año, la plataforma ha sido construida gracias a más de 10 millones de solicitudes ciudadanas, que han permitido su crecimiento. A pesar de los retos, el INAI asegura que el servidor no ha sido vulnerado hasta el momento. Jaime Román, responsable del área de Tecnologías de la Información del INAI, destacó las estrictas medidas de seguridad del Centro de Datos donde se resguarda la información. Además, explicó que el control de temperatura es esencial para el buen funcionamiento, manteniendo el servidor a una temperatura constante de 22 grados centígrados.

La incertidumbre tras la Reforma Constitucional

La reciente reforma constitucional que plantea eliminar organismos autónomos ha generado preocupaciones sobre el futuro de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si esta reforma avanza, se corre el riesgo de que la plataforma sea absorbida por una Secretaría de Estado, lo que podría afectar la forma en que se gestionan los datos y el acceso a la información pública.

La posible absorción de esta base de datos por el gobierno genera inquietud en la ciudadanía, especialmente en lo relacionado con la protección de los datos personales almacenados. En palabras de la comisionada Del Río, “Ya recibimos solicitudes de cancelación porque las personas tienen miedo a represalias”. Esta preocupación resalta la necesidad de seguir protegiendo el acceso a la información pública sin comprometer la privacidad de los ciudadanos.

El INAI ante el desafío

Ante la incertidumbre, el INAI trabaja en una propuesta para que las leyes secundarias sigan protegiendo el acervo digital, garantizando que la Plataforma Nacional de Transparencia continúe funcionando de manera segura y con el mismo nivel de acceso a la información pública que ha caracterizado a este sistema durante las dos últimas décadas.



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