Fraudes y desfalcos hipotecarios: ¿Qué se sabe de la red de corrupción en el Infonavit?

El director del Infonavit revela prácticas ilegales dentro de la institución.

Octavio Romero Oropeza, actual director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ha denunciado la existencia de una red de corrupción interna que ha operado durante años, involucrando fraudes millonarios y prácticas ilegales en diversas administraciones del organismo. Esta red habría afectado gravemente los recursos destinados a los trabajadores mexicanos que buscan acceder a un crédito hipotecario, sumiendo al instituto en una grave crisis de confianza.

Infonavit: Denuncian corrupción interna y fraudes millonarios

La corrupción en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha sido un tema de gran interés en los últimos meses. Una red de fraude y desfalcos hipotecarios ha sido descubierta, involucrando a varias personas y empresas.

Uno de los casos más destacados es el de la empresa Telra Realty, que fue contratada por el Infonavit en 2014 para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda. Sin embargo, la empresa no cumplió con su contrato y, en lugar de ser penalizada, recibió una indemnización de 5 mil millones de pesos.

Este pago fue autorizado por el Consejo de Administración y se benefició a la empresa que estaba conformada por cinco socios: dos de Telra, que devolvieron 2 mil millones de pesos “cuando se dieron cuenta que estaba medio chueco el asunto, pero tres se han negado a devolver 3 mil millones restantes, esos 3 mil millones andan ‘volando’”, expuso Oropeza.

Uno de los “argumentos” para pagar esta indemnización, y que está en la carpeta de investigación, es un documento atribuido al despacho legal White & Case y presentado por la Dirección Sectorial empresarial del Infonavit, que son tres hojas que presenta una antefirma con las iniciales del despacho y la firma final es “White & Case S.A.”.

Otro caso que ha salido a la luz es el de las viviendas inexistentes del programa Línea III del Infonavit. Se autorizaron 22 proyectos para este programa entre 2017 y 2018, pero nunca se concluyeron y presentan adeudos vencidos con el Infonavit que suman 575 millones de pesos.

además de 18 desarrolladores con adeudos por 768 millones de pesos; esto como resultado de deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicación de penalizaciones.

En cuatro empresas, a pesar de que no hicieron las viviendas, recibieron adicionalmente 45 millones, 22 millones, nueve millones y cinco millones, respectivamente, directamente de los créditos de los trabajadores a quienes se les comenzó a descontar aun sin construcción de vivienda.

“En la administración pasada se detuvo esto, porque se les estaba perjudicando a la gente; se les estaba cobrando por una vivienda que no se les había entregado, pero lo que estamos haciendo en esta administración es tratar de sacar a esta gente de este problema porque hoy tienen atrapado su crédito. No pueden disponer de dinero, ni tienen la vivienda porque no la terminaron, ni pueden sacar lo de un crédito”, indicó el exdirector de Pemex.

Además, se han reportado casos de usurpación de identidad para obtener créditos fraudulentos o extraer el ahorro de trabajadores. Según datos de la Gerencia de Denuncias, Investigaciones Especiales y Asuntos Penales del Infonavit, de 2010 a julio de 2021, hubo más de 2 mil personas afectadas por un monto superior a los 340 millones de pesos.

Octavio Romero, director del Infonavit.

Fraude hipotecario y créditos dobles

Romero también reveló que existió una red delictiva en la que participaron notarios, despachos y peritos valuadores, quienes otorgaron múltiples créditos sobre la misma vivienda. La investigación identificó 12 mil créditos sobre 1,400 viviendas, lo que representó un fraude de 200 millones de pesos. Los estados más afectados por estas prácticas fraudulentas son Estado de México, Jalisco y Baja California, aunque 11 entidades federativas aún están pendientes de revisión.

Desfalcos y malos manejos en contratos y seguros

Entre 2013 y 2014, el Infonavit contrató de manera ilegal un seguro de vida colectivo con la empresa Mapfre Tepeyac S.A. por 550 millones de pesos. El seguro solo cubría el fallecimiento de los acreditados por desastres naturales o pandemias, lo que lo hacía prácticamente incobrable. Este contrato se hizo sin el conocimiento de los trabajadores, quienes nunca fueron informados de esta póliza. Romero no especificó si este caso tiene investigaciones en curso.

El Registro Único de Vivienda (RUV) y reparto de utilidades

Por otro lado, en 2011, el Consejo de Administración del Infonavit autorizó que el RUV se convirtiera en un fideicomiso, lo cual permitió que las utilidades generadas no se reintegraran al ahorro de los trabajadores, sino que fueran repartidas dentro del instituto. Romero aseguró que, pese a sus instrucciones en contrario, se distribuyeron estas utilidades, lo que ha llevado al cese de tres funcionarios y a la revisión de posibles acciones legales.

Reformas y posibles consecuencias

La denuncia de Romero se enmarca en la reforma al Infonavit, aprobada el 13 de diciembre en el Senado, que busca dar mayor poder al gobierno federal en los órganos internos del instituto, los cuales hasta ahora eran dirigidos de manera tripartita por los trabajadores y el sector empresarial. Mientras tanto, el director del Infonavit subrayó que las investigaciones siguen en curso, aunque evitó proporcionar detalles sobre posibles acciones judiciales o si hay detenciones relacionadas con estos fraudes.

La corrupción en el Infonavit ha generado una gran indignación entre la opinión pública y los trabajadores que han visto afectados sus ahorros. La reforma al Infonavit busca garantizar transparencia y darle a los trabajadores la certeza de que sus ahorros estarán bien cuidados.

Sin embargo, todavía hay mucho que se desconoce sobre la red de corrupción en el Infonavit y se necesitan más investigaciones para esclarecer los hechos. La justicia debe ser aplicada de manera imparcial y los responsables deben ser sancionados de acuerdo con la ley.