El Congreso de Perú se encuentra en el centro de un escándalo tras el asesinato de Andrea Vidal Gómez, una abogada de 28 años que, según investigaciones, estaría relacionada con una presunta red de prostitución operada desde la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento. Este caso ha generado una gran controversia y encendido alarmas sobre posibles actos de corrupción y abuso de poder en la institución legislativa.
El Ataque Mortal en La Victoria
El ataque ocurrió hace una semana en el distrito limeño de La Victoria, cuando un auto fue interceptado por cuatro sicarios que dispararon en más de sesenta ocasiones contra el vehículo. En el atentado, el chofer murió en el lugar, mientras que Andrea Vidal, quien viajaba en el asiento trasero, sufrió múltiples heridas. Aunque fue trasladada al hospital 2 de Mayo, murió días después debido a la gravedad de sus lesiones.
Inicialmente, el caso fue considerado un acto de sicariato relacionado con extorsión, pero pronto se descubrió que Vidal era el objetivo principal. La investigación reveló que, hasta septiembre, había trabajado como asesora en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso y que su asesinato podría estar vinculado a su rol en una supuesta red de explotación sexual.
Denuncias en el Congreso
De acuerdo con una extrabajadora de la misma oficina, Jorge Torres Saravia, jefe de la Oficina Legal y Constitucional, habría liderado una red de prostitución dentro del Parlamento. Las mujeres eran contratadas como asesoras o secretarias para luego ser ofrecidas a altos funcionarios. Andrea Vidal, conocida como “La China”, era supuestamente la encargada de reclutar a las víctimas.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas abrió una investigación preliminar contra Torres Saravia, quien enfrentaba conflictos con Vidal antes de despedirla en septiembre. Su asesinato ha despertado sospechas de que podría tratarse de un intento de silenciarla.
Implicaciones Políticas
El caso ha salpicado a figuras prominentes del Congreso. Según denuncias, una de las mujeres vinculadas a la red habría tenido encuentros con Alejandro Soto, expresidente del Congreso y miembro de Alianza para el Progreso, el partido político liderado por César Acuña. Tanto Torres Saravia como Soto niegan las acusaciones, pero estas han intensificado la presión sobre la institución legislativa.
El presidente de la Cámara, Eduardo Salhuana, anunció la destitución de Torres Saravia y rechazó los hechos denunciados. Sin embargo, el caso continúa generando preguntas sobre cómo estas prácticas pudieron desarrollarse dentro del Parlamento.
Reacciones y Acciones Fiscales
El titular de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, ha prometido investigar a fondo las acusaciones. En una próxima sesión, se convocará al jefe de Recursos Humanos del Congreso y a Torres Saravia para esclarecer los hechos. Burgos también destacó la necesidad de acusaciones constitucionales contra los responsables, en caso de que las denuncias sean confirmadas.
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo denunció la vulnerabilidad laboral que enfrentan los empleados del Congreso y exigió la implementación de mecanismos más transparentes en los procesos de contratación para prevenir abusos.
Contexto y Opinión Pública
La reputación del Congreso peruano, ya deteriorada, ha recibido un golpe adicional con este caso. Una encuesta reciente del Instituto de Estudios Peruanos indicó que solo el 6% de la población aprueba la gestión de la institución, lo que refleja el descontento generalizado con los órganos de poder en el país.
El caso de Andrea Vidal Gómez continúa bajo investigación, y las autoridades han señalado que ningún implicado estará por encima de la ley en este delicado asunto.
