Por Adriana Delgado Ruiz | @AdriDelgadoRuiz
Los incumplimientos de las empresas públicas con sus acreedores derrumban economías regionales enteras, quiebran negocios, causan desempleo, pobreza y protestas que ocasionan más daños a la generación de riqueza y el desarrollo.
La capital mexicana inició esta semana con dos de sus vías de acceso bloqueadas por transportistas que reclaman pagos atrasados de hasta más de 100 mil pesos para cada uno por su trabajo en la obra del Tren Maya. ¿Por qué esas retribuciones no están claras en el presupuesto y se liquidan en tiempo y forma, si de cualquier manera toda esa construcción registra un sobrecosto estratosférico?
En otras áreas, el problema es mucho peor. Durante la administración recién concluida en que Octavio Romero Oropeza dirigió Pemex, la deuda con proveedores no dejó de crecer aceleradamente. De acuerdo con su reporte trimestral más reciente, ya alcanza los 402 mil 873 millones de pesos, es decir, un aumento de 34 mil 527 millones nada más en lo que va de 2024.
De todo ese dineral, por lo menos 123 mil millones de pesos corresponden a contratos con micro, pequeñas y medianas empresas. La zona donde se dan más esas proveedurías está en Campeche, Tabasco y Veracruz que concentran el 36 por ciento, es decir, unos 44 mil 450 millones de pesos.
Al inicio de este mes, la Coparmex alertó que de no resolverse la situación en esa cadena de valor, todas las mpymes que participan en ella y son los negocios más vulnerables a la falta de pago por sus productos y servicios, estarán en serio riesgo de quiebras generalizadas con la consecuente pérdida del patrimonio de muchos emprendedores, además de cientos e incluso miles de empleos, por lo que inició diálogos con las secretarías de Hacienda, Trabajo y la petrolera en busca de esquemas de apoyo y regularización de pagos.
La primera solución de Pemex es razonable pero no satisfactoria. Su subsidiaria Exploración y Producción suspendió los contratos para nuevas adquisiciones en lo que reorganiza sus planes, además tomando en cuenta que los apoyos del gobierno a la petrolera serán 21 por ciento menores en el presupuesto de 2025. Si bien es sensato detener la sangría, una puerta cerrada es otro golpe igualmente fuerte para los proveedores.
Las presiones para que Pemex pague también vienen del Senado. Un punto de acuerdo emitido este lunes argumenta adicionalmente que los adeudos prolongados incrementan los costos operativos de la empresa debido a intereses moratorios y posibles litigios, por lo que le solicita un informe detallado de sus adeudos con proveedores y contratistas además de un calendario de pagos bien estructurado hasta que todo eso quede saldado.
En la otra empresa energética estatal, la CFE, la administración de
Manuel Bartlett Díaz dejó deudas por 78 mil 500 millones de pesos a sus proveedores, cifra que está en su nivel máximo desde 2018. Si bien es un adeudo mucho más pequeño que el de Pemex, también significa problemas de liquidez y ruina para empresas sin capacidad de operación dado que su capital está atorado en los productos y servicios que la eléctrica no tiene para cuándo pagar.
El panorama así de complejo es una muestra fehaciente de lo dañino que resulta para un país que el Estado se convierta en empresario. La experiencia siempre demuestra que las empresas públicas terminan siendo muy improductivas. Mientras más sectores abarquen, distorsionan más la economía y ocasionan más ruinas innecesarias.
