En una sesión nocturna el 24 de octubre, el Senado de México aprobó una reforma que modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución, estableciendo la improcedencia de amparos y controversias contra reformas constitucionales impulsadas por el Congreso. La medida busca fortalecer la posición del Poder Legislativo y evitar que el Poder Judicial pueda frenar cambios aprobados en el ámbito legislativo. La propuesta fue respaldada por la mayoría de los senadores de los partidos Morena, PT y PVEM, quienes lograron la mayoría calificada con 85 votos a favor frente a 41 en contra de la oposición.
Contexto de la reforma
La discusión en torno a esta reforma constitucional ha generado un fuerte debate político. Los legisladores de Morena argumentan que estas modificaciones son necesarias para asegurar que las decisiones del Congreso no sean obstaculizadas por el Poder Judicial, especialmente en temas considerados como parte del “mandato popular”. La medida surge en un contexto en el que recientes reformas del Congreso, como la elección de jueces y la eliminación de algunos órganos autónomos, han sido objeto de suspensiones judiciales, lo que ha causado fricciones entre los poderes.
El senador de Morena Óscar Cantón Zetina, en representación de la Comisión de Puntos Constitucionales, defendió el dictamen afirmando que el objetivo de la reforma es evitar que el juicio de amparo sea empleado para revertir modificaciones constitucionales aprobadas por el Congreso. Según Cantón Zetina, esta medida es un paso para “garantizar que los cambios avalados por la mayoría legislativa no sean bloqueados”.
Argumentos a favor y en contra
Durante el debate, los senadores del partido gobernante argumentaron que esta reforma es necesaria para proteger las reformas constitucionales de posibles impugnaciones que, según ellos, han sido utilizadas por ciertos sectores para frenar las transformaciones políticas y sociales en México. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, afirmó que esta reforma no afecta el derecho al amparo de los ciudadanos, sino que busca evitar que este recurso legal se convierta en un instrumento para “dañar al pueblo” al detener las reformas aprobadas democráticamente.
Por otro lado, los senadores de oposición expresaron su rechazo a la medida, calificándola de un intento por centralizar el poder y limitar los recursos legales de los ciudadanos. Ricardo Anaya Cortés, senador del PAN, cuestionó las implicaciones de esta reforma, planteando el riesgo de que, si una reforma constitucional vulnera derechos fundamentales, los ciudadanos no tendrán herramientas para defenderse. Anaya enfatizó que limitar la posibilidad de impugnar reformas constitucionales pone en riesgo el equilibrio de poderes y abre la puerta a posibles abusos por parte del Legislativo.
División en el Senado
La votación reflejó una fuerte polarización en el Senado. Mientras Morena y sus aliados argumentan que esta reforma responde a la voluntad de la mayoría, los partidos de oposición, como el PAN y el PRI, insisten en que la medida debilita el sistema de contrapesos en el gobierno. Legisladores opositores presentaron mociones suspensivas para detener el dictamen, argumentando que la reforma abre el camino a una concentración de poder en el Congreso y limita la independencia del Poder Judicial.
A pesar de la resistencia de la oposición, la mayoría oficialista aprobó el dictamen, consolidando su proyecto de fortalecimiento del Poder Legislativo. Para los legisladores de Morena y sus aliados, esta reforma es un paso esencial para que el Congreso pueda implementar transformaciones sin interferencia judicial, mientras que la oposición la considera una amenaza a la democracia y a la pluralidad en el país.
