Por Adriana Delgado Ruiz
El gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa huele a todo lo putrefacto que puede oler la corrupción, la colusión con el crimen organizado y la violencia. Un ejemplo claro de que la grave situación de inseguridad pública que viven muchas regiones del país es resultado de un sistema que navega en un río de impunidad y gobiernos dominados por la delincuencia, ya sea por coerción o por connivencia.
Una pesada carga heredada a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ya está en el proceso de articulación de su plan para enfrentarla. No sólo es Rocha Moya, sino lo que representa. No sólo es ‘El Mayo’ Zambada, sino lo que le permitieron ser durante décadas. No sólo es ‘El Chapo’, sino cómo se apoderó de un país con la complicidad de distintos gobiernos y la falta de un sistema eficaz de rendición de cuentas.
El botón de muestra es muy representativo. La fiscalía a modo de Sinaloa, capaz de armar un montaje para mover la escena del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, de una finca a una gasolinera. La Fiscalía General de la República tuvo que salir a desmentir esa versión. El gobernador Rocha Moya insiste en que no pudo estar en el lugar y momento del asesinato porque viajó a Estados Unidos, pero sin una prueba fehaciente que sería tan simple como mostrar el sello de su pasaporte.
Hasta hoy no está claro cómo fue la sustracción y envío a Estados Unidos de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, lo que también habla de la vulnerabilidad del aparato de seguridad pública, y claro, del estado de derecho.
Estamos pasando por todas las etapas que vivieron países como Colombia, donde el narcotráfico cooptó a gobernantes, diputados, senadores y jueces. Los criminales mantenían territorios extensos hundidos en la violencia y secuestrada la libertad de los ciudadanos y la economía formal.
Sin duda, es atinado que los ejes de la política de seguridad pasen por la atención a las causas pero en este punto es urgente ir mucho más a fondo. Hay generaciones de mexicanos sufriendo el peor de los infiernos. Al menos 234 colectivos de madres buscadoras en un país que contabiliza más de 2 mil 700 fosas clandestinas y más de 116 mil personas desaparecidas.
30 mil menores de edad reclutados por el crimen organizado, la mayoría de ellos a la fuerza. De 2015 a agosto de 2024, 1915 niñas y 647 niños de cero a 17 años han sido víctimas de trata y explotación sexual, de acuerdo con un informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim)
De las 282 cárceles que hay en el país, 128 están sobrepobladas. El hacinamiento genera más violencia, autogobiernos, más corrupción y en vez de ser centros de readaptación social se convierten en universidades de delincuencia.
La violencia le cuesta a México 245 mil millones de dólares al año, es decir, 2.9 billones de pesos que significan el 19.8 por ciento del tamaño de toda su economía. Para una imagen mental, son 37 mil 430 pesos por cada mexicano, de acuerdo con el cálculo del Instituto para la Economía y la Paz, organización internacional con sede en Australia.
Violencia y homicidios con muchos ciudadanos entre sus víctimas. Empresarios obligados a pagar dobles impuestos por seguridad al gobierno y también al crimen organizado. Una Guardia Nacional que no termina de tomar forma en manos de la Sedena. Sistemas de inteligencia descoordinados. Hay mucho que hacer y mucha urgencia por que se haga.
