A más de dos semanas de un nuevo derrame en la presa de jales secos de la minera Cuzcatlán, propiedad de la empresa canadiense Fortuna Mining, autoridades municipales y agrarias de Oaxaca han denunciado la inacción de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa). Según las comunidades afectadas, la dependencia ha mostrado negligencia en la atención a la contaminación del arroyo “El Coyote”, ubicado en el municipio de Magdalena Ocotlán, en los Valles Centrales de Oaxaca.
Denuncias de Contaminación y Falta de Respuesta Oficial
El derrame, ocurrido los días 24 y 25 de septiembre, fue constatado por las autoridades de Magdalena Ocotlán y San Matías Chilazoa durante recorridos en la zona afectada por el proyecto minero “San José”, operado por Cuzcatlán. En esos recorridos, los funcionarios documentaron la presencia de sedimentos blanquecinos y espuma en el arroyo, lo que alertó a las comunidades sobre una posible contaminación del agua que abastece sus pozos de agua potable.
A pesar de haber presentado denuncias formales ante Profepa, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el 26 de septiembre, las autoridades locales acusan que Profepa no ha dado seguimiento adecuado. En lugar de atender las preocupaciones de las comunidades, Profepa emitió un comunicado el 30 de septiembre, señalando que sus inspectores federales no encontraron evidencia de derrames en el depósito de jales secos de la minera Cuzcatlán.
Críticas a la Profepa y Exigencia de Investigación Exhaustiva
El comunicado de Profepa ha sido duramente criticado por las autoridades municipales y agrarias, quienes lo consideran insuficiente y carente de una investigación exhaustiva sobre los efectos reales de la contaminación en el arroyo “El Coyote”. Las comunidades afectadas denuncian que Profepa ha favorecido los intereses de la empresa minera al no acercarse a las autoridades locales ni realizar estudios técnicos que comprueben la situación del agua en la región.
“Lejos de proteger el medio ambiente y los derechos de los ciudadanos, la Profepa parece estar más interesada en respaldar a la Compañía Minera Cuzcatlán”, señalaron los representantes del “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos”, un colectivo de autoridades y habitantes que se oponen a la actividad minera en los Valles Centrales de Oaxaca.
Antecedentes de Contaminación y Llamados a la Cancelación del Proyecto Minero
Este no es el primer incidente de contaminación asociado con la minera Cuzcatlán. En 2018, el mismo arroyo “El Coyote” fue contaminado sin que se impusiera una sanción significativa a la empresa. A pesar de los antecedentes, en 2021 la Semarnat otorgó a Cuzcatlán una prórroga de 10 años para continuar operando en la región, lo que ha generado un creciente descontento en las comunidades afectadas.
Las autoridades locales exigen que se realicen estudios inmediatos y exhaustivos en el cauce del arroyo “El Coyote” para determinar el alcance de la contaminación y que se apliquen sanciones severas a la minera Cuzcatlán por los daños causados. Además, solicitan la revocación de los permisos ambientales de la empresa y la cancelación definitiva del proyecto minero “San José”.
Acciones Legales y Exigencias al Juzgado Federal
El conflicto también ha escalado en el ámbito judicial. Las autoridades municipales y agrarias de Magdalena Ocotlán y otros municipios cercanos han solicitado al Juzgado Primero de Distrito que incluya la denuncia reciente en el expediente abierto sobre las concesiones mineras en la región. Además, exigen que se respeten las decisiones de las comunidades y que se cancele de forma definitiva el proyecto minero, ya que consideran que la operación de Cuzcatlán vulnera los derechos ambientales y territoriales de los pueblos zapotecas.
Respaldo de la Opinión Pública y Movilización de las Comunidades
Las comunidades afectadas han recurrido a la opinión pública para visibilizar la situación y denunciar lo que consideran un ejercicio de impunidad por parte de la minera. El proyecto “San José”, aseguran, opera sin respetar la voluntad de las comunidades que se han manifestado en contra de la minería en los Valles Centrales de Oaxaca.
La presión social y las acciones legales continúan en curso, mientras las comunidades zapotecas insisten en que la defensa de su territorio y sus recursos naturales es una prioridad. Exigen una respuesta clara y contundente por parte de las autoridades federales para garantizar que los derechos ambientales y humanos sean respetados en la región.
