Esta semana prosiguió la discusión y aprobación del dictamen para reformar diversos artículos de nuestra Carta Magna, que de manera práctica van a implicar la aniquilación integral del actual Poder Judicial federal.
La segunda etapa del proceso del poder constituyente permanente consistió en la aprobación del dictamen por parte de la Cámara de Senadores, que resultó ser el espectáculo parlamentario más lamentable del que se tenga memoria.
Lejos de ser un evento solemne de discusión y debate —de lo que será una de las reformas constitucionales más trascendentes de la historia a nuestra ley fundamental— resultó ser el crisol de prácticas antidemocráticas plagadas de vilezas, indignidades e ignominias.
La sesión fue muy accidentada debido a las presiones y contratiempos generados por las manifestaciones de repudio a la reforma de parte de trabajadores del Poder Judicial y grupos estudiantiles. Y la discusión parlamentaria careció de un debate serio y a fondo sobre la iniciativa.
No se había observado nunca una crítica y una condena más unánime en la prensa y las redes sociales por la manera en que se consiguió la mayoría calificada exigida por la Constitución para que la reforma fuera aprobada.
Al escribirse estas notas, ya más de 18 Congresos estatales han aprobado la reforma; con la negativa sólo del Congreso de Querétaro. Es decir, la reforma va.
Será la primera reforma constitucional que se procesa sin aspirar a generar consensos partidarios. Será la única enmienda que no ha tomado en cuenta ningún argumento, propuestas, ideas, sugerencias, experiencias y hasta ruegos de grupos diversos, diferentes a la voluntad del actual Presidente de la República, quien es el autor de la iniciativa.
Entramos a una etapa nueva, caracterizada por la ruptura del acuerdo político nacional que se construyó durante décadas. La imposición de una visión ideológica que pareciera ser inspirada por aquellas ideas de inspiración marxista que decían: “El derecho es una superestructura al servicio de la oligarquía, que hay que destruir”.
El quebrantamiento faccioso de las minorías parlamentarias de oposición dentro del Senado, no sólo posibilitó esta reforma constitucional, sino que dejó la puerta abierta para la aprobación de futuras enmiendas que seguirán delineando el rostro y estilo del nuevo régimen político de gobierno.
Además, se imposibilitó de facto la posibilidad de presentar futuras acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes o tratados internacionales de parte de la Cámara alta. Es decir, la mayoría parlamentaria seguirá adelante y de la misma forma.
Habrá que ver cómo se procesan las leyes reglamentarias e implementan las políticas públicas para su materialización. Saber cuánto costará al país liquidar a los ministros, magistrados y jueces, que cesarán de manera anticipada —y sin causa propia— sus funciones. Aunque nunca podremos aquilatar la enorme pérdida del capital humano experimentado que se echará por la borda.
También resultará importante justipreciar cuánto presupuesto se tendrá que erogar para organizar las votaciones. Y esperar a que se alcance una participación ciudadana que valide y legitime este supuesto “clamor ciudadano” por elegir a los jueces.
Será de gran interés ver las reacciones de los mercados financieros y las opiniones de las organizaciones internacionales sobre las denuncias que se les han presentado advirtiendo de que estamos ante la posible pérdida de la imparcialidad e independencia judicial, así como la amenaza del inicio de la autocracia, el militarismo y el autoritarismo.
Como Corolario la frase del político estadunidense Theodore Roosevelt: “Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser grande o democracia”.
