En la sesión de apertura de la LXVI Legislatura en la Cámara de Diputados, el diputado Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, se pronunció con firmeza en contra de las decisiones judiciales que buscan frenar la reforma judicial impulsada por su partido. Monreal desestimó los juicios de amparo que ordenan suspender la discusión y aprobación de dicha iniciativa, calificándolos como inconstitucionales y contrarios al derecho soberano del Congreso para legislar.
La constitución como pilar fundamental
Desde la máxima tribuna, Monreal explicó que la Constitución mexicana es clara respecto a la improcedencia de los amparos en casos de reformas constitucionales. Citó el artículo 65 de la Ley de Amparo, que establece que este recurso no es aplicable cuando se trata de modificaciones a la Constitución. “El poder constituyente lo ejercemos la mayoría calificada de esta asamblea”, afirmó Monreal, subrayando que los legisladores son quienes tienen el derecho y la responsabilidad de llevar a cabo el proceso de reformas constitucionales.
El diputado también hizo referencia al artículo 39 de la Constitución, que otorga al pueblo el derecho inalienable de establecer su forma de gobierno, así como al artículo 135, que establece el mecanismo para modificar la Carta Magna. En su opinión, la reforma constitucional es un poder soberano y originario del Congreso, conocido como el “poder reformador”. Por lo tanto, cualquier intento de los jueces de interferir en este proceso, mediante suspensiones o amparos, es un acto fuera de sus competencias.
Rechazo a la “tiranía judicial”
Monreal arremetió contra lo que denominó la “tiranía de la toga y el birrete”, refiriéndose a los jueces y magistrados que han emitido órdenes de suspensión para detener la reforma judicial. “No podemos someternos a la tiranía de la toga y el birrete, ya que no son órganos competentes para detener un proceso de reforma constitucional”, aseveró con vehemencia. Para Monreal, la división de poderes debe respetarse, y el Poder Judicial no puede usurpar las funciones legislativas ni obstaculizar el ejercicio del poder constituyente.
El legislador zacatecano enfatizó que las normas constitucionales son la base de todo el orden jurídico del país y están exentas de cualquier control jurisdiccional. En ese sentido, argumentó que cualquier intento de utilizar un amparo para frenar una reforma constitucional debe ser inmediatamente desechado.
Crítica a la actuación judicial
Ricardo Monreal no se limitó a la argumentación legal y lanzó una crítica directa a los jueces que han emitido órdenes de suspensión contra la reforma judicial. “La actuación de algunos jueces debería causarles vergüenza”, afirmó Monreal, sugiriendo que estos jueces están actuando de manera parcial y política. “En mi pueblo les llaman abogados huizacheros, porque se comen las letras de cambio para no hacer efectivo el juicio mercantil ejecutivo”, añadió, en un tono de burla.
Monreal acusó a ciertos miembros del Poder Judicial de estar alineados con intereses que buscan mantener el status quo y no permitir una transformación profunda en el sistema judicial del país. Según él, esta resistencia es una muestra de que los cambios propuestos por Morena y sus aliados están tocando fibras sensibles y amenazando estructuras de poder arraigadas.
El mensaje de Ricardo Monreal fue claro: el Congreso de la Unión no permitirá que su labor legislativa y de reforma constitucional sea vulnerada por decisiones judiciales que, según él, carecen de fundamento constitucional. La postura de Morena y de sus aliados en el Congreso es avanzar con la reforma judicial que consideran necesaria para el país, bajo el argumento de que el poder reside en el pueblo y en sus representantes.
La controversia sobre la intervención judicial en procesos legislativos continuará, y Monreal ya dejó claro que la mayoría en el Congreso está dispuesta a defender su autoridad constitucional. El desafío no solo es jurídico, sino también político, en una batalla que podría redefinir la relación entre los poderes en México y el alcance del poder judicial en temas de reforma constitucional.
