El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma constitucional para ponerle un tope más bajo al aumento de las rentas en la capital del país.
Con 50 votos a favor se aprobaron modificaciones al Código Civil y a la Ley de Vivienda para que el incremento de la renta nunca sea mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior, respecto de la cantidad pactada como renta mensual.
Actualmente se estipulaba que el incremento no podrá exceder del 10% de la cantidad pactada como renta mensual.
Estas reformas crean un registro digital de contratos de arrendamiento, de autorización inmediata, a cargo del Gobierno de la Ciudad de México y para tales efectos el arrendador deberá registrar sus contratos en un plazo no mayor a 30 días de celebrado el contrato.
Con esto se busca que un mayor número de personas tengan acceso a una vivienda, estableciendo mecanismos que garanticen este derecho, preferentemente a la población en situación de pobreza, “trabajadores, madres solteras y personas jóvenes entre los 18 y 35 años”.
