El informe “Poland: On the streets to defend human rights” de Amnistía Internacional documenta cómo las autoridades polacas han empleado técnicas como la vigilancia, el hostigamiento y el enjuiciamiento para dispersar e impedir protestas masivas. Desde 2016, miles de personas han salido a las calles para protestar pacíficamente contra legislación represiva, que en algunos casos viola los derechos de las mujeres, y proyectos de ley que amenazan el Estado de derecho.
Barbora Černušáková, investigadora sobre Polonia de Amnistía Internacional, afirmó que “la resistencia popular sigue en aumento mientras el gobierno de Polonia continúa reforzando su control del poder judicial, pero el gobierno está haciendo todo lo posible para impedir las protestas. La policía vigila, hostiga e incluso enjuicia a quienes protestan, simplemente por alzar la voz”. Tanto la ONU como la Unión Europea reconocieron rápidamente que el veto del presidente a una legislación que habría eliminado la independencia del poder judicial se debió en gran medida a las protestas masivas. Ahora, las personas que participaron en esas protestas necesitan el apoyo de la comunidad internacional para una lucha que continúa.
En julio de 2017, miles de personas se manifestaron en más de 50 ciudades polacas contra las propuestas del gobierno que amenazaban la independencia del poder judicial. El gobierno respondió sometiendo a los manifestantes pacíficos a diversas medidas policiales que obstaculizaban sus actividades y violaban su derecho a la libertad de expresión y de reunión. La considerable presencia policial derivó en la colocación de vallas metálicas para mantener a los manifestantes lejos de los edificios parlamentarios. Cientos de policías patrullaban a diario la zona y empleaban diversas técnicas para impedir físicamente las protestas, como el encapsulamiento de grupos de personas, acordonar calles y amenazar e intimidar a los manifestantes.
En la noche del 18 de julio, una mujer llamada Klementyna, mientras tomaba fotografías de los manifestantes en una de las calles de salida, fue agredida por la policía. Según su testimonio, un policía la agarró sin previo aviso y la empujó contra un semáforo, golpeándola en la cara. Posteriormente, la policía negó las acusaciones de abuso policial argumentando la falta de pruebas.
Más allá de las tácticas policiales de mano dura, se han impuesto nuevas leyes que restringen el derecho de reunión pacífica. En diciembre de 2016, el Parlamento polaco adoptó la restrictiva Ley sobre Reuniones, que prioriza las “manifestaciones cíclicas”, es decir, aquellas organizadas repetidamente por las mismas personas en un mismo lugar. A lo largo de 2017, el gobierno ha otorgado prioridad a un encuentro progubernamental mensual, a costa de otras solicitudes de reuniones pacíficas, en violación directa del derecho internacional de los derechos humanos.
Pese a la prohibición de protestas alternativas, manifestantes pacíficos han seguido convocando contramanifestaciones mensuales a lo largo de 2017. Decenas de manifestantes han sido enjuiciados por faltas como “interferir con una reunión legal” o por delitos como “interferir maliciosamente con un acto religioso”, dado que los encuentros progubernamentales mensuales se han catalogado como procesiones religiosas.
Quienes participan en protestas en Polonia afrontan otros obstáculos importantes para lograr que se vean y escuchen sus objeciones a leyes restrictivas. Además de restringir físicamente las protestas pacíficas, las autoridades también han sometido a los manifestantes a una vigilancia intensa, que ha incluido seguimiento y visitas a sus hogares. Muchas de ellas han sido acusadas formalmente y están siendo procesadas.
“El gobierno polaco está tratando de amedrentar a quienes quieren protestar pacíficamente. La perspectiva de que se criminalice a manifestantes pacíficos simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica pinta un oscuro retrato de la Polonia actual. Estos cargos malintencionados y vengativos reflejan la reducción del espacio disponible para la sociedad civil y deben retirarse inmediatamente”, afirmó Černušáková.
