Una Década de Contaminación y Desprotección
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido una contundente recomendación responsabilizando a diversas autoridades federales y estatales por violaciones al derecho humano a un medio ambiente sano, acceso al agua potable y salud de los habitantes del Río Sonora. Esto surge tras el derrame tóxico en la mina Buenavista del Cobre, ocurrido el 6 de agosto de 2014, considerado la peor tragedia ambiental de la industria minera en México.
Recomendación 50/2024: Señalamientos y Exigencias
Coordinación y Remediación
La recomendación 50/2024 de la CNDH no solo apunta a Grupo México como violador de los derechos humanos de las víctimas del derrame, sino también a diversas instituciones que, a lo largo de casi una década, han omitido cumplir con sus responsabilidades y no han implementado medidas preventivas, administrativas ni de reparación del daño. Entre las instituciones señaladas están la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Economía y el IMSS Bienestar.
La CNDH exige a estas entidades concretar un programa de remediación conforme a criterios y estándares nacionales e internacionales en materia ambiental. Además, pide continuar con los procedimientos administrativos y penales, y poner en marcha un programa de monitoreo de la calidad del aire en Cananea, afectado por las emisiones derivadas de la extracción y procesamiento de cobre.
Responsabilidades y Acciones Requeridas
La recomendación también incluye la presentación de denuncias contra funcionarios públicos responsables por violaciones a los derechos humanos e irregularidades administrativas. Se insta a la instalación de un programa de verificación de obras y actividades mineras en Cananea, y a garantizar el acceso a agua potable de calidad para la población del Río Sonora.
Entre otras acciones, la CNDH solicita emprender procedimientos de inspección y estudios sobre la disponibilidad del agua, verificar la legalidad y cumplimiento de la Ley de Minería, y dotar de personal médico capacitado y equipo necesario a los Centros de Salud Rurales en la Cuenca del Río Sonora.
Respuesta de las Autoridades y el IMSS-Bienestar
Aceptación y Negación de Responsabilidades
La recomendación fue dirigida a María Luisa Albores, titular de Semarnat; Blanca Alicia Mendoza, titular de Profepa; Germán Martínez Santoyo, director general de Conagua; Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud; Alejandro Calderón, director general de Servicios de Salud del IMSS Bienestar, y Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.
En un comunicado, los Comités de Cuenca del Río Sonora destacaron que la mayoría de las autoridades señaladas aceptaron su responsabilidad, excepto Conagua, que ha mantenido una postura de negar el acceso a documentos oficiales, protegiendo así los intereses de la empresa responsable.
El IMSS-Bienestar, por su parte, argumentó que no existía como institución en el momento del derrame, omitiendo su responsabilidad actual de proteger a la población y sus recientes compromisos en mesas de diálogo con las comunidades afectadas.
Persistencia de la Contaminación y la Lucha por Justicia
Situación Actual y Exigencias Comunitarias
Los integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora denunciaron que, tras casi dos sexenios, las autoridades siguen sin tomar medidas efectivas para garantizar sus derechos, mientras que Grupo México permanece en la impunidad. La población aún sufre las consecuencias de la contaminación, con metales pesados en la sangre, un hospital en obra negra, citas médicas sin especialistas adecuados y agua almacenada en tinacos provenientes de pozos contaminados.
“Al día de hoy tenemos: metales pesados en la sangre, que se siguen acumulando por la persistente contaminación en agua, aire y suelo; un hospital en obra negra; citas médicas en un Hospital de Especialidades sin toxicólogos, especialistas en salud ambiental o laboratorios para análisis de metales pesados, así como tinacos almacenando agua de pozos contaminados”, señalaron los comités.
La CNDH, con esta recomendación, busca presionar a las autoridades a tomar acciones concretas y efectivas para remediar el daño causado y proteger los derechos de los habitantes del Río Sonora, quienes han sufrido las consecuencias de uno de los desastres ambientales más graves en la historia reciente de México.
