Por: Adriana Delgado Ruiz
Los #apagones recientes en muchos estados reencendieron las preguntas. ¿No se ha invertido lo suficiente en generación e infraestructura eléctrica? ¿Seremos capaces de generar toda la energía que requiere el nearshoring si unas ondas de calor colapsan el sistema eléctrico? ¿El modelo energético estatista es el correcto? ¿Debe tomarse en cuenta a la iniciativa privada?
Hoy, la #Concamin dice que si el gobierno desbloquea la aprobación de 3 mil 500 permisos para la generación de #energíaeólica, solar e hidroeléctrica, podrían proveer rápidamente mil 335 megawatts diarios que contribuirían a evitar los apagones.
Los estudios publicados en estos días dicen que olas de #calor, #sequía, #hidroeléctricas y falta de inversión, en efecto, son una mala mezcla. Incluso, se alerta sobre la pobreza energética en los estados del sureste, donde hay #agua y recursos naturales, pero no infraestructura ni inversión suficiente para el desarrollo industrial o la tecnificación rural.
¿Recuerda usted los argumentos del gobierno actual para hacer a un lado a la inversión privada desde 2020? En el esquema de productores independientes autorizados a vender energía a la #CFE, los contratos se habían firmado en dólares, dejando al Estado el riesgo cambiario. Ya en la mano, los beneficiarios se encontraron con que el aval de la empresa estatal les daba acceso a financiamientos con tasas del 5 por ciento en promedio, pero se lo cargaban en 12 por ciento, volviéndolos tan caros que cada central se pagó entre tres y cuatro veces, sin que al final quedara en manos de la empresa pública.
Con respecto al esquema de autoabasto, grandes empresas industriales instalaron sus propias centrales generadoras. En 2010 la propia autoridad les había regalado prácticamente el derecho de usar la red de transmisión para llevar su electricidad a los lugares donde la ocupan. Más aún, ese ahorro se convirtió en un subsidio de casi 50 mil millones de pesos que abrió un mercado negro para que vendieran más barata su energía sobrante a otras empresas, práctica ilegal pero salvable mediante un chanchullo jurídico: no se trataba de un servicio público sino una transacción de privado a privado.
También hay que decir, en contraposición, que grandes empresas de supermercados, panificación y otros sectores ya reportaban amplias reducciones en la emisión de contaminantes y avances sólidos hacia las energías limpias. La #ReformaEnergética anterior, como idea, no era mala sino las prácticas con que se ejecutó. ¿Era verdaderamente necesario desmantelarla? ¿No era más responsable poner orden?
En realidad, hasta hoy no se ha mostrado públicamente un contrato eléctrico leonino, ni hay nadie preso o procesado judicialmente por todos esos señalamientos de corrupción. Más aún, el cambio abrupto de la #políticaenergética abrió un gran abismo de incertidumbre jurídica que dejó a la deriva millones de dólares en inversiones.
La empresa extranjera señalada como la mayor beneficiaria de los abusos, terminó vendiendo 13 de sus plantas de ciclo combinado al propio gobierno, con lo que pasó de “contratos leoninos” a un “acuerdo histórico de buena voluntad”.
¿Qué tanto era #corrupción y qué tanto es ineptitud e incapacidad? La pregunta no es menor. La política energética es crucial para el presente y el futuro del país.
