Movilización estudiantil
La comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) se ha levantado en protesta luego del trágico asesinato de uno de sus compañeros en la alcaldía de Iztapalapa. Estudiantes, padres de familia y vecinos se congregaron en una marcha para exigir seguridad y justicia tras este lamentable suceso.
Llamado a la acción
El trágico incidente ocurrió cuando un estudiante de ingeniería fue víctima de un intento de asalto mientras se desplazaba en el transporte público cerca del plantel educativo. Esta situación ha generado un profundo malestar entre la comunidad estudiantil, que demanda medidas urgentes para garantizar su seguridad en la zona.
Reclamos y demandas
Los estudiantes señalan la falta de iluminación, patrullaje policial y cámaras de vigilancia en las inmediaciones del campus universitario como factores que contribuyen a la inseguridad en la zona. Además, resaltan que este no es un incidente aislado, sino que se suma a una serie de eventos delictivos que han afectado a la comunidad estudiantil de manera recurrente.
Suspensión de actividades académicas
Como muestra de duelo y como un acto de protesta, se decidió suspender las actividades académicas en la UACM por 48 horas. Esta pausa en la rutina educativa pretende llamar la atención de las autoridades universitarias y gubernamentales sobre la urgencia de implementar medidas efectivas para garantizar la seguridad de los estudiantes.
Respuesta de las autoridades
Ante las demandas de los estudiantes, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, se comprometió a coordinar con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina para aumentar la presencia policial en la zona. Asimismo, ofreció mejorar la infraestructura urbana, como la instalación de luminarias y botones de seguridad, para contribuir a la prevención del delito.
Compromiso estudiantil
A pesar de las promesas de las autoridades, la comunidad estudiantil permanece vigilante y dispuesta a seguir exigiendo acciones concretas para garantizar su seguridad. La movilización estudiantil ha dejado en claro que la seguridad no es un privilegio, sino un derecho fundamental que debe ser protegido por las autoridades competentes.
