En diversas ocasiones hemos comentado en este espacio, que el instrumento más efectivo para el desarrollo integral de las personas y la prosperidad de una nación, radican en la calidad y cobertura de la educación.
La Unesco reconoce a la educación como un derecho humano que debe impartirse con una visión integral y humanista. Durante mucho tiempo, las instituciones financieras internacionales consideraron a la educación como uno más de los elementos importantes para el desarrollo de las naciones; sin embargo, en la actualidad ya sostienen que es el principal factor que permite en verdad el desarrollo y progreso de los países.
Dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la principal herramienta para medir el avance de sus miembros es la prueba PISA —por sus siglas en inglés—, la cual es una valoración realizada cada tres años a alumnas y alumnos de 15 años y que permite apreciar hasta qué punto han adquirido los conocimientos y habilidades esenciales para su participación plena en la sociedad.
La evaluación PISA se enfoca en áreas escolares como: lectura, matemáticas y ciencias. La última edición se verificó en 2022 y fue la primera estimación estandarizada que arrojó una posición lacerante de las consecuencias generadas por la pandemia covid-19.
En dicha publicación, México fue evaluado por debajo de casi todos los demás partícipes del mundo. En matemáticas, los alumnos que participaron obtuvieron 395 puntos, mientras que el promedio fue de 472; en “comprensión de lectura” tuvieron una puntuación de 415 frente al promedio de 476, y en ciencias, 410 puntos de un promedio que asciende a 485. Con esos resultados, nuestro país ocupó la posición 35 de 37 países miembros de la OCDE que participaron en esta edición.
El próximo año habrá de verificarse una nueva evaluación PISA. Sin embargo, hace unos días, Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE, envió una comunicación a las autoridades educativas de México, con la finalidad de expresar su preocupación por la falta de confirmación de la participación de nuestro país. La prueba 2025 cuenta ya con la aceptación de 91 países; entre ellos, 13 latinoamericanos como Argentina, Brasil y Chile.
No debemos olvidar que lo que no es medible, no es mejorable. Por ello, es importante recordar que el objetivo de la evaluación es construir cartas de navegación para que los sistemas educativos evaluados puedan reorientar sus políticas públicas educativas hacia la mejora y de acuerdo con estándares internacionales, que resultan indispensables tomar en cuenta en una sociedad cada vez más globalizada.
A propósito de las campañas electorales, no hemos escuchado alguna propuesta concreta y clara —de parte de las dos candidatas— respecto al futuro de la educación. En concreto, un compromiso público a invertir mayores presupuestos en la educación.
Según las estadísticas internacionales, el gasto por alumno en educación primaria en nuestro país en 2018 fue de dos mil 958 dólares; en tanto que, en otros países más desarrollados como Estados Unidos, se destinan 13 mil 139; en Alemania 10 mil 96; en Finlandia fue de 10 mil 56 dólares o España, que invierte ocho mil 329 dólares. El promedio de la OCDE es de nueve mil 550.
México no puede optar por la exclusión y autocomplacencia en estos procesos. La educación pública representa la alternativa más importante y democrática opción para combatir las más lacerantes causas de la desigualdad social dentro de nuestro país.
Como Corolario la frase de Miguel de Unamuno: “Sólo el que sabe es libre y más libre el que más sabe”.
