Echan para atrás caso de la FGR contra científicos del Conacyt

Fallo a Favor de los Científicos

Recientemente, un Tribunal federal dio un golpe contundente al caso presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) contra los científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). El Tribunal determinó que los científicos acusados de delincuencia organizada no cometieron ningún delito, lo que implica el cierre definitivo del caso y el cese de las investigaciones en su contra.

Revés para la FGR

El caso se remonta a septiembre de 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en una conferencia matutina que se estaba llevando a cabo una investigación contra un grupo de científicos del Conacyt. Las acusaciones estaban relacionadas con presuntos malos manejos financieros, incluyendo delincuencia organizada y lavado de dinero. Posteriormente, la FGR solicitó órdenes de aprehensión contra 31 exmiembros del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT).

Fallo del Tribunal Colegiado

Sin embargo, recientemente el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito determinó que los científicos acusados eran inocentes y que continuar las investigaciones en su contra sería una violación grave a sus derechos. Este fallo llegó después de que, el 17 de abril de 2023, un juez de distrito desestimara el proceso judicial en curso contra varias personas. A pesar de ello, el Ministerio Público presentó una apelación en un intento por mantener el caso abierto.

Denuncias y Acusaciones

María Elena Álvarez-Buylla Roces, titular del Conacyt en ese momento, había denunciado que exintegrantes del FCCyT recibieron fondos ilegales durante la administración de Enrique Peña Nieto. Según las acusaciones, estos investigadores habrían recibido un total de 244 millones de pesos durante los seis años del gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, una petición pública en change.org señaló que incluso la Suprema Corte había determinado que no hubo ilegalidad en el otorgamiento de recursos al FCCyT, lo que generó acusaciones de persecución por parte de Álvarez-Buylla y el fiscal general Alejandro Gertz Manero.