La discusión sobre la responsabilidad de las pérdidas financieras después de un ciberataque a cuentas bancarias cobra relevancia tras las recientes fallas experimentadas por Coppel en su sistema digital.
En México, determinar quién asume las pérdidas tras un ataque cibernético depende de diversas circunstancias. En situaciones donde los bancos no implementan medidas de seguridad adecuadas, como sistemas de alerta efectivos o monitoreo de transacciones sospechosas, pueden ser considerados responsables de las pérdidas según la Ley de Protección de Datos Personales. Por otro lado, la negligencia por parte de los clientes, como la divulgación de datos sensibles, podría eximir a la entidad financiera de culpa.
En casos donde no se define claramente la responsabilidad, o cuando tanto el cliente como el banco tienen parte de culpa, es posible llegar a acuerdos de responsabilidad compartida. La pronta notificación de actividades anormales por parte de los clientes y su colaboración en la investigación son fundamentales para resolver estos incidentes.
Recientemente, la cadena de tiendas Coppel ha experimentado interrupciones en su sistema digital, generando especulaciones sobre un posible ataque cibernético. Aunque se rumoreaba que los hackers habían eliminado deudas, esta afirmación no ha sido confirmada oficialmente por la compañía.
Desde que comenzaron los problemas, Coppel ha trabajado para mantener operativas sus tiendas físicas y ha comunicado que su equipo técnico está enfocado en resolver la situación. A pesar de los desafíos, BanCoppel, la entidad financiera asociada, ha continuado operando sin afectaciones, asegurando la integridad de los servicios financieros de los clientes. Además, Coppel ha anunciado que no aplicará intereses moratorios por retrasos en los pagos durante el periodo afectado y ha alentado a sus clientes a visitar las tiendas físicas para cualquier consulta o requerimiento.
Este incidente destaca la importancia de mantener sistemas de seguridad robustos y realizar una monitorización continua de las transacciones financieras para proteger tanto a los clientes como a las instituciones bancarias ante posibles amenazas cibernéticas.
