Por Raul Contreras
La corrupción en el sector público es, sin duda, uno de los mayores problemas que las sociedades modernas enfrentan. Entendida —en términos simples— como el abuso del poder público para obtener un beneficio particular, esta conducta permea en temas tan sensibles como la salud pública, la seguridad, la educación y, en general, en la buena administración de los recursos del Estado, sin dejar de mencionar que profundiza las desigualdades sociales y debilita el crecimiento económico.
En contraste con lo anterior, la integridad del sector público hace alusión al uso de Poderes y recursos de forma efectiva, honesta y bien dirigida hacia los fines para los que fueron destinados.
Conocer los conceptos anteriores es relevante porque —de manera reciente— la OCDE dio a conocer su informe Perspectivas de la sobre la lucha contra la corrupción y la integridad. Se trata de un estudio que analiza el desempeño actual de las políticas y prácticas públicas de los países miembros, para identificar las vías de mejora.
En él, se señala que la mayoría de los países miembros tienen un enfoque estratégico para combatir la corrupción. Sin embargo, la mayoría de sus prácticas se siguen centrando en las áreas tradicionales y sólo pocos se blindan en contra de los nuevos riesgos.
La OCDE señala que nuestro país cuenta con buenas estructuras en las materias de transparencia; control y prevención del financiamiento de partidos políticos; así como acceso a la información, ya que obtuvo muy buenos resultados, pues del 100% máximo de puntaje posible, se le calificó con 75%, 71% y 100%, respectivamente.
Llama la atención que, si en materia de transparencia y acceso a la información hemos obtenido las mejores calificaciones, hoy en día se busque desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Por otra parte, las calificaciones más bajas corresponden a los temas de prevención de influencias indebidas, con 33%, y prevención de conflictos de intereses para altos funcionarios, con 22 por ciento.
Resulta interesante analizar que si bien el informe le reconoce a México un destacado papel en su estrategia legal anticorrupción —al obtener 93%— cuando se evalúan sus resultados se obtiene una calificación de sólo 53%, por debajo de países como Lituania, Polonia, y Corea. Eso lleva a la conclusión de que la legislación se diseña bien, pero se implementa mal.
El combate a la corrupción se ha convertido desde los años ochenta del siglo pasado en una materia de atención importante, pero con resultados siempre insuficientes y poco satisfactorios.
Un dato contundente en la relevancia e impacto que la corrupción tiene para las personas en nuestro país, lo ofrece la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023, que destaca que —a nivel nacional— los costos de incurrir en actos de corrupción se estiman en 11 mil 911 millones de pesos, lo que equivale a tres mil 368 pesos promedio por persona, durante el último año.
El fortalecimiento de la integridad y la lucha contra la corrupción son piedras angulares para construir la confianza ciudadana en la democracia. Esto permite a la vez que la economía sea más productiva, pues crea un ambiente propicio que fomenta la inversión, la competencia y la innovación.
El combate a la corrupción es un tema que ha sido, es y será uno de los grandes retos que como país tenemos. Por ello, con seguridad será una de las razones por las que los ciudadanos habremos de orientar nuestro voto en las próximas elecciones, pues la corrupción es un cáncer que todo lo carcome.
Como Corolario las palabras del escritor francés Víctor Hugo: “No basta destruir los abusos, es menester modificar las costumbres”.
