Liébano Sáenz
El Presidente no cree en la justicia constitucional, sino en la plebiscitaria, por eso asume que la elección de jueces, magistrados y ministros es la solución; la ministra Lenia Batres es su ideal de juzgador y él cree que la ley no es la ley, de allí su desdén a la Constitución…
La oposición enfrenta un dilema, discutir o no las iniciativas de reforma del Presidente. El pasado martes el mandatario fue preciso, se trata de que la elección se haga a partir de sus propuestas. Para el oficialismo es salvar al país del supuesto amago del conservadurismo. La realidad es que parte relevante de su contenido, de difícil aprobación, plantea la disyuntiva entre autoritarismo y democracia.
Lo fundamental de su proyecto transformador pretende acabar con la pluralidad en la representación política, construcción central del proceso histórico de democratización en el que la verdadera izquierda ha jugado un papel relevante; por la otra, se pretende acabar con el sistema de equilibrios y contrapesos para llegar al hiperpresidencialismo con todo lo que eso entraña, como es la ausencia de un sistema de justicia que salvaguarde las garantías individuales de la arbitrariedad.
Un sector de opinión se pronuncia por eludir la discusión. Estimo que esto ya es imposible, el Presidente no tuvo sentido de los límites, además los legisladores tienen responsabilidades por lo que el examen, la deliberación y el debate deben estar presentes. La elección es una manera de evaluar el desempeño del gobierno, los resultados y sus efectos, particularmente si sus candidatos se pronuncian por la rigurosa continuidad del régimen. Las iniciativas son más de lo mismo y esa debiera ser la manera de abordar la propuesta legislativa, a la luz de los resultados del gobierno de AMLO, tarea a emprender no sólo a cargo de los legisladores, sino del conjunto de la opinión pública.
El Presidente no cree ni practica la transparencia, tampoco el derecho a la información y menos la rendición de cuentas. Por ello pretende eliminar los órganos autónomos. No entiende la economía de mercado, la competencia y los derechos económicos, por eso elimina la Cofece y los órganos reguladores en materia de energía. El Presidente no cree en la justicia constitucional, sino en la plebiscitaria, por eso asume que la elección de jueces, magistrados y ministros es la solución; la ministra Lenia Batres es su ideal de juzgador. El cree que la ley no es la ley, de allí su desdén a la Constitución.
