Raúl Contreras Bustamantes
La Ley General de Salud define los conceptos de salud mental como el estado de bienestar físico, mental, emocional y social determinado por la interacción del individuo con la sociedad y vinculado al ejercicio pleno de los derechos humanos. Por el contrario, debemos entender por adicción como la enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación.
La misma norma jurídica ordena que la atención de la salud mental deberá brindarse en apego a los principios de interculturalidad, interdisciplinariedad, integralidad, intersectorialidad, perspectiva de género y participación social.
Lo anterior es relevante, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta que las muertes por suicidio en el país han aumentado. En 2017 se registraron 6 mil 494 casos; mientras que en 2022 se tiene un registro de 8 mil 123 decesos; es decir, un incremento de mil 629 suicidios.
Se identifica también que las mujeres —de 18 años en adelante— un poco más del 16%, declararon sentirse con depresión la semana anterior a la encuesta; y por su parte, 9.1% de los hombres reportaron esta misma condición.
En un artículo publicado en la Gaceta UNAM, la doctora Paulina Arenas Landgrave anota un dato histórico alarmante: entre 1990 y 2021, el suicidio aumentó 435% y señala, además, que es la cuarta causa de muerte entre el grupo de 10–14 años.
Por su parte, la doctora María Elena Medina-Mora subraya que aproximadamente 75% de los trastornos mentales que ocurrirán a lo largo de la vida de las personas, tienen su inicio antes de los 24 años.
Es importante mencionar que además de las sensibles consecuencias de la ausencia de salud mental, el impacto económico es de relevancia. Un estudio elaborado por el Foro Económico Mundial y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard calculó que el impacto mundial acumulado de los trastornos mentales —en términos de pérdidas económicas— será de 16.3 billones de dólares entre 2011 y 2030.
Atender la salud mental de los mexicanos no es un tema de buena voluntad de los gobiernos, sino una obligación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha determinado que el Estado mexicano está obligado a proteger —con la misma intensidad y bajo las mismas condiciones— el derecho a la salud de personas con padecimientos mentales, debiendo brindar servicios integrales de salud mental.
La pandemia —cuyos efectos seguimos padeciendo— ha agravado de manera importante efectos sicológicos negativos en la población y en especial en la juventud, ya en los entornos académicos los estudiantes experimentan distintas emociones que afectan sus estrategias de aprendizajes y rendimiento académico.
No existen aún muchos estudios que evalúen los efectos que la pandemia dejó en materia de salud mental, así que habrá que implementar actividades pedagógicas empáticas, que procuren prevenir estas conductas en los jóvenes, que en un extremo pueden conducir al suicidio.
Existen datos que indican que las personas que cuentan con redes de apoyo —entendidas como el conjunto de relaciones en las que se establecen vínculos solidarios y de comunicación para resolver necesidades— 12.6% sintieron depresión por más de la mitad de la semana, mientras que quienes no cuentan con redes de apoyo, padecieron en 25.8 por ciento.
Así, las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, en coordinación con las autoridades de salud, tienen un reto mayúsculo de urgente atención para procurar que el estudiantado desarrolle su máximo potencial y participe de manera activa en la vida pública de su entorno.
Como Corolario las palabras del Dalai Lama: “La mayor riqueza es la salud mental”.
