Por: Raúl Contreras Bustamante
Según la teoría constitucional, el concepto de la democracia representativa proviene del Estado moderno, pues es un elemento necesario de la soberanía popular ante la imposibilidad del ejercicio directo del poder público. Es decir, el pueblo delega el mandato y ejercicio de su soberanía en favor de sus representantes.
Dichos representantes deben ser electos por mecanismos democráticos establecidos en la Constitución y deben instituirse para beneficio del pueblo mismo, supeditados a los principios de legalidad y de rendición de cuentas por el ejercicio de su encargo.
Nuestra Carta Magna —en su artículo 39— instituye el concepto de la soberanía popular y en el caso de la república hermana de Guatemala, su norma suprema la establece en el artículo 141, en donde expresa además que la subordinación entre los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial queda prohibida.
El hoy presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, junto con su compañera vicepresidenta, Karin Herrera, fueron electos en agosto del año pasado con casi 60% del respaldo popular expresado en las urnas.
De acuerdo con la Constitución de ese país, el Congreso de la República tuvo la obligación de darle posesión solemne al encargo de presidente, a más tardar a las 16 horas del pasado 14 de enero del presente año. Sin embargo, sobrevinieron conflictos políticos que dilataron por largas horas la transición democrática y ordenada del poder.
Lo anterior no es menor, pues ocupó la atención del concierto de las naciones, tratándose de una crisis institucional en el país más poblado de Centroamérica —18 millones de habitantes—. Aunque ya se ha concretado la investidura del titular del Poder Ejecutivo, la validez de la conformación de la Junta Directiva del Congreso aún está discutiéndose en su Corte Constitucional.
Uno de los momentos más álgidos suscitados el domingo pasado fue cuando Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, presente en la toma de posesión, hizo un llamado al Congreso de la República, en nombre de todas las delegaciones invitadas y representadas, a cumplir su mandato constitucional de transmitir el poder y respetar la voluntad democrática del pueblo guatemalteco expresada en elecciones justas, libres, transparentes y avaladas por la comunidad internacional, a través de sus misiones de observación electoral.
Por su parte, el presidente Arévalo declaró que dos instituciones fueron clave en la defensa de los resultados electorales: el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad; y reconoció la autonomía de estas instituciones que fortalecen a la democracia ante los vaivenes propios de la política.
El nuevo presidente expresó la necesidad urgente de recuperar la institucionalidad democrática para crear las bases de gobernabilidad y aseveró que ésta no se limita a la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, sino que debe tener como elemento insustituible, a la sociedad.
Estamos ante el inicio de una nueva era de gobierno que habrá de enfrentar los más lacerantes problemas característicos del momento y la región: pobreza, desigualdad social, corrupción, crimen organizado y crisis migratoria.
México y Guatemala están hermanados desde sus orígenes históricos: compartimos la cultura maya, una línea fronteriza de casi un millar de kilómetros y estamos entre sus principales socios comerciales. Es decir, se tiene que apoyar a este nuevo gobierno, porque debe ser nuestro aliado estratégico.
Como Corolario las palabras de Luis Almagro, secretario general de la OEA: “El derecho a la democracia pertenece al pueblo y es un derecho que debe ser asegurado por todos los gobernantes”.
