Ricardo Homs
El tema de la disminución de las horas laborables en México es muy complejo. Desde hace mucho tiempo los países altamente industrializados se han preocupado por la calidad de vida de los trabajadores y han instrumentado políticas totalmente estructuradas que permiten integrar la disminución de las horas laborables a las condiciones económicas propias del país.
En contraste, en México la iniciativa presidencial que pretende bajar de 48 a 40 horas por semana la jornada laboral, tiene claras implicaciones populistas y electoreras. Una ocurrencia más como a las que ya nos ha acostumbrado este gobierno.
De aprobarse esta iniciativa claramente veremos aplicarse una legislación que define el nuevo perfil laboral, pero que no será respetado en la práctica más que por las grandes empresas, -que en conjunto-, no definen numéricamente el beneficio colectivo, ya que las microempresas son las que ofrecen el 70% de las oportunidades laborales.
La microempresa no tendrá condiciones de absorber este sobrecosto laboral, por lo cual este sector continuará laborando exactamente como hasta ahora lo ha hecho. Ni se diga la economía informal, que ni siquiera ofrece las prestaciones básicas de ley a sus trabajadores y no hay forma de obligarla pues es absolutamente invisible frente a la autoridad.
En un país donde la justicia es inexistente y el mismo gobierno viola la ley laboral con sus propios trabajadores, es imposible aplicar disposiciones que sean viables y capaces de ser fiscalizadas por las autoridades competentes. ¿Cuál será el impacto de la semana de 40 horas?
La reducción de la jornada laboral tendrá un costo en la producción del país, pues es evidente que la infraestructura laboral y la física de una empresa están en estrecha vinculación con su volumen de producción, que a su vez responde a las necesidades de su mercado y a los compromisos comerciales con sus clientes.
Un cambio tan radical forzosamente impactará la operación de todas las empresas, -sean del tamaño que fueren-, pues para rescatar el volumen de producción no habrá mas que un camino: contratar más personal. Sin embargo, ésto impactará su rentabilidad financiera, lo cual incrementará los precios. En el mercado internacional esto afectará la competitividad del país frente a economías mucho muy poderosas como la china y la de los países del sudeste asiático, que se sustentan en bajos salarios.
Por otra parte, en el mercado de consumo interno el incremento de precios afectará al poder de compra de los sectores más vulnerables, que es a los que este gobierno dice proteger. A esto añadamos la inoportunidad de este anuncio presidencial en el momento en que se da una recomposición geográfica de la economía mundial, que abre oportunidades a nuestro país a través del “nearshoring”. Esta es esta tendencia que se da hoy entre las empresas multinacionales, las cuales están reubicando sus plantas de producción hacia otros países donde obtengan condiciones de mayor competitividad en sus mercados a partir de lograr mayores beneficios en sus costos de manufactura.
El nearshoring representa para México mayor número de empleos mejor pagados y mayores ingresos a través de la recaudación de impuestos. Sin embargo, el simple anuncio del posible encarecimiento de la mano de obra a partir de la reducción de la jornada laboral, ya debe estar obligando a quienes en el extranjero pensaban invertir en México reubicando sus factorías, a reevaluar su decisión bajo el impacto de este posible contexto laboral y quizá, terminen pensando en llevar sus inversiones a Centroamérica, aunque tenga un mayor costo en logística respecto al mercado norteamericano.
Otro posible impacto en la estrategia que instrumentarán los grandes corporativos que hoy operan en México, -para rescatar la rentabilidad de su operación-, seguramente será el análisis de la sistematización de la manufactura utilizando la gran oportunidad tecnológica que ofrece la “inteligencia artificial”, con lo cual se abre la puerta incluso a la reducción de la plantilla laboral actual. Más que buscar propuestas populistas de tipo electorero, se debiese buscar la forma de generar mecanismos que aseguren que la mayoría de los trabajadores mexicanos, -incluso los que trabajan en pequeñas y micro empresas, así como los que están en la economía informal-, gocen de los beneficios laborales que garantiza nuestro marco jurídico.
Incluso, hay sectores donde las condiciones laborales son complicadas para los trabajadores, como por ejemplo la seguridad privada, donde los turnos pueden ser de 24 horas continuas, lo cual debe tener implicaciones en la salud y en la vida familiar. Legislar con base en ocurrencias puede generar graves consecuencias que deben ser evaluadas, -y peor aún-, cuando sus objetivos son populistas y electoreros. ¿A usted qué le parece?
