Este 28 de octubre marcará un hito en la relación entre el Poder Judicial de la Federación y el Gobierno de México, ya que entrará en vigor un decreto que pone fin a 13 de los 14 fideicomisos que respaldaban a esta institución clave en el sistema legal del país.
El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2023, y establece que su entrada en vigor se llevará a cabo el día siguiente, es decir, el 28 de octubre. Esta medida representa la culminación de un proceso que ha sido objeto de intensos debates y tensiones entre el Gobierno y el Poder Judicial.
Eliminación Oficial de los Fideicomisos
La Secretaría de Gobernación publicó el decreto que elimina de manera oficial los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del 27 de octubre. Este decreto se fundamenta en la iniciativa promovida por el partido Morena desde la Cámara de Diputados, con el propósito de eliminar los fideicomisos que respaldaban a la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral.
Después de haber pasado por comisiones, el 18 de octubre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, tanto en lo general como en lo particular, el dictamen que condujo a la eliminación de los fideicomisos. Posteriormente, el 25 de octubre, el pleno del Senado ratificó el decreto, lo que implicó que más de 15 mil millones de pesos previamente destinados a dichos fideicomisos pasaran a formar parte de la Tesorería de la Federación.
Reacciones y Movilizaciones
Este proceso de eliminación de fideicomisos no ha estado exento de tensiones y protestas por parte de los trabajadores del Poder Judicial. Como respuesta a la medida, los empleados de la institución convocaron a una marcha nacional, realizaron paros de labores y llevaron a cabo bloqueos en vialidades importantes de la Ciudad de México. Estas acciones se llevaron a cabo en un intento por preservar los recursos y la autonomía financiera del Poder Judicial.
Un Futuro de Desafíos Legales
A pesar de la entrada en vigor del decreto, este no marca el final de la controversia. Se espera que una serie de recursos legales sean presentados en contra de la medida, y se anticipa que este debate alcance la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El futuro de los recursos y las operaciones del Poder Judicial permanece en entredicho, lo que subraya la importancia y la complejidad de este asunto en el panorama político y legal de México.
