Por Adriana Delgado Ruiz
#México requiere hoy a su presidente estadista, enfocado en entregar un país en paz, con #gobernabilidad, en marcha y con un proceso electoral caracterizado por su #transparencia e #imparcialidad, independientemente de que la ciudadanía decida por la continuidad o la alternancia.
El tema es fundamental. De mantenerse la #polarización, las posiciones políticas , y el malestar generalizado e incluso el #crimenorganizado a rio revuelto, pueden ser factores de una #inestabilidadsocial indeseable.
Este es justo el momento para un golpe de timón. El proceso de los partidos para llegar al proceso electoral fue una ilegalidad de origen. #Laley no contempla toda la campaña con giras, mítines y propaganda que hicieron tanto Morena como el frente opositor para designar a sus coordinadores, como se les llamó eufemísticamente, y mucho menos el uso de dinero público para ello.
¿Qué hicieron las autoridades? En vez de asumir el costo político de una fiscalización rigurosa y de aplicar la ley, optaron por ‘legislar’ sobre la marcha. El #TribunalElectoral ordenó al #INE que regulara esos procesos. Así, estableció un tope de gastos y lineamientos enfocados en que esas competencias fueran equitativas e imparciales.
Esa falta de autoridad no se vio recompensada porque en la discusión del presupuesto 2024 la bancada Morenista en el Congreso perfila dar al INE 4 mil millones de pesos menos de lo que solicita y también reducir el monto que asigne al TEPJF, en año de comicios.
Más aún, los objetivos tampoco se cumplieron. En #Morena, aunque todos los aspirantes aceptaron públicamente el método y así triunfó Claudia Sheinbaum, el proceso ocasionó división. Ahora, #MarceloEbrard está en la formación de su movimiento. En el caso del frente opositor, la encuesta ni siquiera se concretó y la designación de la candidatura terminó percibiéndose como un acuerdo de cúpulas partidistas.
De hecho, queda otra pregunta sobre la mesa. ¿Es una encuesta el mecanismo ideal para definir una candidatura, y más con toda la maquinaria política activada previamente? Sin duda, es un punto para discutir pasada la elección de 2024.
Ahora viene la parte formal del proceso, la que sí está contemplada en la ley, y en la que el titular del Poder Ejecutivo debe aplicar su oficio político al servicio de la
imparcialidad y a la altura de una transición histórica. En el año 2000, con la primera alternancia, no hubo problemas de gobernabilidad. Tampoco en 2012 al darse otro cambio de partido en el poder, ni en 2018 cuando el Palacio Nacional quedó en manos de la 4T.
En #2024, tendremos un proceso electoral inédito en que dos mujeres competirán por llegar a la Presidencia de la República y quien resulte triunfadora deberá recibir el mando de un país en orden.
Los retos, de por sí, no serán menores. Para el último año de esta administración, el paquete económico implica el déficit presupuestario más grande desde 1988, lo que significa también un endeudamiento sin precedentes de 1.9 billones de pesos, pero sin contemplar ingresos económicos futuros que lo soporten, lo que obligará a medidas económicas dolorosas para la próxima presidenta de México.
En términos internacionales, el panorama no es distinto. La elección presidencial mexicana empatará con la estadounidense, generalmente llena de discursos contra nuestro país por la migración, el tráfico de drogas y el de armas. Y si eso es poco, tenemos las disputas por el maíz transgénico y la política energética en el marco del #T-MEC, entre otras complejidades.
Sí, en este momento, México requiere de su presidente estadista.
