Es infundado el reclamo del Consejo General del INE a la UIF en cuanto al requerimiento de información

Es infundado el reclamo del Consejo General del INE a la UIF en cuanto al requerimiento de información

Con relación al acuerdo tomado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en su sesión de hoy, respecto de los requerimientos de información que el propio Instituto realiza a esta Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se informa:

• La UIF ha dado respuesta a todos los requerimientos enviados por el INE durante el presente año, con excepción de cinco que se encuentran en trámite; sin embargo, no todos los puntos requeridos corresponden al ámbito de atribuciones que dicha Unidad puede ejercer de conformidad con el marco legal y normativo que le regula estrictamente.

• En consecuencia, en varias de esas respuestas, al igual que en reuniones entre enlaces, la UIF solicitó al INE que adecue sus oficios para que sean debidamente fundados e indiquen en ellos si tienen la presunción de un origen ilícito de los recursos que investiga esa autoridad electoral y sus razones, así como las operaciones que sustentan el requerimiento y el periodo que éstas comprenden. En ningún caso se ha rechazado la posibilidad de proporcionar información relacionada con las funciones de la UIF, sino que se ha prevenido al INE para que replantee sus solicitudes en términos legales con el propósito de dar viabilidad a la entrega de información.

• Entre la información requerida por el INE y que la UIF no posee, ni puede generar, se encuentra aquella relativa a la determinación de la capacidad económica de personas señaladas por la autoridad electoral. Por un lado, el INE no tiene facultad para solicitar a una autoridad gubernamental el cálculo de tal capacidad económica, sino que ello compete exclusivamente a la propia autoridad electoral; y, por otro lado, la UIF carece de atribuciones para realizar ese cálculo.

• La UIF reitera, una vez más, en ocasión del acuerdo tomado por el Consejo General del INE, que no entregará a dicho Instituto datos, información o cálculos que no estén autorizados por la ley.