La empresa De Luna Lithium Battery, que se autodenomina como la primera compañía 100% mexicana en incursionar en la fabricación de baterías de litio para vehículos eléctricos, se encuentra en proceso de selección de la ubicación de su fábrica escalable. Con una inversión proyectada de 80 millones de dólares, la planta no solo promete contribuir al avance de la industria de la movilidad sostenible en México, sino también generar 900 empleos.
Inicialmente, había trascendido que la fábrica estaría en Hermosillo, Sonora. Sin embargo, un cambio de planes los ha llevado a optar por el Estado de México. De acuerdo con De Luna Lithium Battery, esta modificación en la decisión se debió a las demoras surgidas en los trámites para la instalación en Sonora, en parte relacionadas con cambios en el gabinete estatal y, específicamente, en la Secretaría de Economía de ese gobierno. La empresa tenía previsto iniciar la producción a finales de 2023, con el objetivo de fabricar 20,000 unidades durante el primer año.
En palabras de Giovanni De Luna, CEO de la compañía, han decidido “dirigirse en otra dirección” y pausar temporalmente la inversión. El gobierno de Sonora, a través de Margarita Vélez de la Rocha, secretaria de Economía estatal, sostiene que el proyecto no fue presentado formalmente a la dependencia y subraya la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de cada etapa del proceso.
Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, ha reafirmado el compromiso de su estado en competir por la inversión, haciendo hincapié en la creación de condiciones favorables que persuadan a De Luna Lithium Battery a reconsiderar su elección.
La atracción de Sonora para compañías mineras, incluida De Luna Lithium Battery, radica en el yacimiento de Bacadehuáchi, que se considera el más grande del mundo, con una reserva de 243 millones de toneladas de litio. Es importante recordar que hace un año se estableció oficialmente LitioMx, una empresa estatal mexicana dedicada a la exploración, explotación y aprovechamiento del litio en el país, en línea con el decreto presidencial que estipula que este mineral es propiedad de la nación y no puede ser explotado por empresas extranjeras.
