La reforma a los aranceles de la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación del pasado 15 de agosto es resultado de una serie de equilibrios que a continuación comentaremos:
1. Como el antecedente más claro iniciaremos señalando los desastrosos resultados económicos que genera y generó a ciertos sectores industriales nacionales insertos en la globalización económica, o mejor dicho hoy en la regionalización económica, la política de desgravación unilateral que impulsó el gobierno y el mismo efecto le sucedería a cualquier economía que lo implementara.
2. La mayoría de los decretos modificatorios a los aranceles utilizados para calcular los impuestos de importación, publicados por la Secretaría de Economía (SE) los últimos 13 años, son el intento por corregir el muy desafortunado decreto publicado el 24 de diciembre del 2008, por medio del cual desgravamos unilateralmente una gran cantidad de fracciones arancelarias y que se llevaría a cabo en 5 etapas, que se implementarían en 4 años (2009 al 2013).
Recordemos que unilateralmente significa sin negociar la apertura reciproca de ningún sector económico a otro país, solicitud de apertura que regularmente forma parte de las etapas de negociación de los tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio. Expresado de una forma más clara, una apertura unilateral significa que no existió negociación, fue un acto personal del país otorgante.
La desgravación unilateral a la que hacemos referencia afectó prioritariamente a sectores altamente vulnerables, no solo en nuestra economía sino a nivel mundial, como son el siderúrgico, el textil, el calzado, el de fabricantes de bicicletas, entre otros.
3. La apertura unilateral derivó en una preferencia extraordinaria a productos provenientes de países con los que no tenemos negociado ningún acuerdo comercial y con los que desde hace varios años tenemos el mayor déficit comercial (China, Corea del Sur, India, etc.)
4. El precio fue el detonante fundamental para la importación de estos bienes, importándonos muy poco qué tanto afectaba a los pequeños y medianos productores nacionales de mercancías idénticas o similares.
5. Esta más que fundamentado con los datos económicos del INEGI que el déficit comercial de nuestro país con los países asiáticos superó el pasado año 2022 los 120,000 millones de dólares.
6. No se está pidiendo protección desmedida, como empresarios sabemos perfectamente que la competitividad es la regla del juego en el actual contexto económico mundial, pero la competencia en campo parejo, con las mismas reglas, mientras los productores de aquellos países reciben infinidad de apoyos de todo tipo por parte de sus gobiernos (muchos de ellos claramente califican como prácticas desleales de acuerdo con las reglas de a la OMC), el productor nacional no tiene acceso ni cerca al mismo tipo de beneficios.
7. Algún avezado en la materia de comercio exterior dirá con certeza que para combatir las prácticas desleales existe la UPCI, (Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales), órgano dependiente de la SE, y la imposición de cuotas compensatorias, no llevar acabo un aumento de los aranceles, pero si la industria se atiene a la lentitud de las resoluciones en la UPCI, generada por la falta de estructura humana, que desde hace más de una década observa este organismo, hace imposible la defensa del sector productivo nacional por este medio.
8. Nos queda claro que cualquier publicación económica de este tipo, aumento o disminución de aranceles, generara siempre ganadores y perdedores, es decir sectores ganadores y empresas perdedoras, sin embargo, es importante mencionar que, si la empresa realmente lleva a cabo transformación o elaboración de productos, el multicitado decreto de aumento de aranceles no le afecta en lo más mínimo, aún y en el caso de que no exporte los bienes que fabrica.
9. Lo primero que deberá de realizar la empresa afectada por este decreto es pensar seriamente en desarrollar proveedores nacionales, más allá del discurso añejo y rancio del gobierno en este tema, que no nos indica como encontrar y desarrollar proveedores nacionales para realmente fortalecer las cadenas de valor nacionales y subirlos posteriormente a las cadenas de valor regionales y volverlos exportadoras indirectas o porque no, directos.
10. Es el momento histórico de verdaderamente implementar desde el sector privado (el sector público lo ha intentado infructuosamente desde hace cuatro sexenios) los mecanismos de desarrollo de proveeduría nacional y de esta forma elevar el grado de contenido nacional y cumplir holgadamente con las reglas de origen negociadas en todos y cada uno de los tratados que actualmente tenemos en vigor, con clara relevancia para el acuerdo más importante y del cual depende nuestra economía, el T-MEC.
11. Ante la embestida de las importaciones bajo prácticas desleales de países con los que no tenemos negociado un acuerdo de libre comercio, el apoyo de las cupulas empresariales debe enfocarse en que las empresas afiliadas de la industria de la transformación realmente conozcan y apliquen los instrumentos existentes por parte de la SE (IMMEX, PROSEC, REGLA 8va, DRAW BACK) para que el aumento de los aranceles de sus materias primas no merme su competitividad.
12. Así también apoyar a los industriales dándoles las herramientas para el manejo del burocrático esquema de certificación en materia de IVA IEPS, que actualmente controla el SAT a través de la Administración General de Auditoria de Comercio Exterior.
Por lo anterior, podemos concluir que el multicitado decreto del pasado 15 de agosto, es parte de una política industrial tan necesaria en este momento en el que nos encontramos frente a la relocalización de empresas y que en CANACINTRA estamos convencidos de impulsar.
Mesa Directiva Nacional
