- Aprueban licencia temporal al diputado Daniel Sibaja; Guillermo Zamacona se reincorporó a sus actividades.
- Modifican turno a comisiones de iniciativa en favor de niños que viven con sus madres en centros penitenciarios.
En nombre del grupo parlamentario del PAN, la diputada Martha Amalia Moya Bastón y el diputado Enrique Vargas del Villar solicitaron que la Secretaría de Salud del gobierno federal reconsidere la cancelación de las 35 normas oficiales mexicanas en materia de salud.
En sesión de la Diputación Permanente, la legisladora Miriam Escalona Piña (PAN) explicó que la cancelación de dichas normas carece de elementos técnicos y científicos que la sustenten, violentando el precepto constitucional que garantiza que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, al desestimar elementos que salvaguardan la calidad y cantidad de los servicios de salud.
El punto de acuerdo remitido para su análisis a la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social del Congreso mexiquense, agrega que, si bien la Secretaría de Salud tiene el mandato legal de expedir las normas que la Ley General de Salud y otras normas le mandatan, la Ley de Infraestructura de la Calidad establece los mecanismos para una eventual cancelación, que no debe ser una decisión discrecional y unilateral.
Autorizan licencia temporal al diputado Daniel Sibaja
Por unanimidad, la Diputación Permanente autorizó licencia temporal al diputado Daniel Andrés Sibaja González del 29 de junio al 9 de julio de este año, además de que recibió un escrito del diputado Guillermo Zamacona Urquiza (PRI) por medio del cual informa que se reincorporó a sus actividades legislativas el 15 de junio pasado.
Durante la sesión, a petición de la Junta de Coordinación Política, la Permanente determinó remitir a las comisiones de Derechos Humanos y Especial de los Niños, Niñas, Adolescentes y Primera Infancia, las iniciativas de la diputada Karina Labastida Sotelo (Morena) y del grupo parlamentario Verde Ecologista, para modificar la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes a fin de fortalecer la protección y garantía de acceso a los derechos humanos de las y los menores que viven con sus madres en centros de reclusión.
