La segunda parte del Plan B de la Reforma Electoral, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esta tarde.
Después de una discusión exhaustiva, el pleno de la SCJN determinó la invalidez del decreto con nueve votos a favor y dos en contra, correspondientes a las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa.
La iniciativa buscaba modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y establecer la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. La postura en contra del Plan B Electoral se basó en la modificación de un artículo previamente aprobado por los diputados federales, conocido como la “cláusula de la vida eterna”, que permitía la transferencia de votos entre partidos de coalición para mantener su registro.
El Ministro Luis María Aguilar felicitó a los ministros Lainez y Alcantara por el proyecto y expresó su total acuerdo con la declaración de invalidez. Destacó las irregularidades y violaciones al procedimiento legislativo, criticando el trabajo legislativo de Morena en diciembre y mayo pasados, señalando vicios, irregularidades e infracciones a las reglas de la democracia.
Con mayoría de 9 votos, #LaCorte invalida por violaciones graves al procedimiento legislativo el 2do decreto de las reformas político-electorales que modifica tres Leyes Generales y una Ley Orgánica.
— Suprema Corte (@SCJN) June 22, 2023
Por otro lado, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf manifestó su desacuerdo con la propuesta sobre las violaciones al procedimiento legislativo. Argumentó que las causas para invalidar una ley por vicios de procedimiento deben ser lo suficientemente graves para no afectar la autonomía parlamentaria del Congreso de la Unión, por lo que consideró que las irregularidades en cuestión no tenían el potencial para invalidar.
En la misma línea, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa reafirmó su postura y señaló que no compartía la declaración de invalidez del proyecto debido a presuntas irregularidades en el proceso legislativo. Argumentó que las posibles deficiencias legislativas no tenían el potencial para invalidar las votaciones mayoritarias de los legisladores de ambas cámaras. Afirmó que los ministros no podían ignorar lo aprobado en dichas cámaras, ya que era un ejercicio democrático.
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