Para garantizar los derechos de la infancia y adolescencia se deben homologar, fortalecer y difundir las leyes en la materia, destinar más presupuesto y las comisiones de derechos humanos deben crear áreas especializadas para su protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación, como lo indica la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aseguró la especialista Brenda González García, en el marco del Diplomado “La tutela de los derechos con perspectiva de género”, que se imparte en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
En el auditorio de la CODHEM, la ponente precisó que los organismos defensores de derechos humanos son entes importantes por investigar, emitir recomendaciones y dar capacitación, y también deben cumplir en la medida de sus posibilidades con la creación de las áreas especializadas, pues de acuerdo con un estudio de UNICEF de 2019, de los 38 millones de niñas, niños y adolescentes que hay en México, a 21 millones les fue vulnerado algún derecho.
Al hablar de los “Mecanismos institucionales de política pública para la garantía de los derechos de niñas y niños”, González García destacó la capacitación continua para personas servidoras públicas de la CODHEM en el tema y comentó que en el entramado de instituciones que apelan por garantizar los derechos a ese grupo de personas, se deben coordinar acciones y realizar mediciones para conocer el impacto en su vida.
Entre las reflexiones, destacó que el marco institucional para la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, es débil, por tanto, se deben armonizar las leyes que de manera directa o indirecta garantizan sus derechos, y refirió la necesidad de destinar más presupuesto para fortalecer a instituciones y atender a la primera infancia.
Detalló que el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), define políticas, establece normas, políticas públicas y actores, “es un sistema de sistemas, que por mandato de ley debe traducir las voces de niñas, niños y adolescentes a políticas públicas”, mientras que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las procuradurías estatales se crearon porque así lo estableció la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para coordinar acciones de protección integral y restitución de derechos.
