Se anunció este domingo una ofensiva contra los restantes integrantes de las violentas pandillas que continúan operando en El Salvador y que, hace doce días, asesinaron a un policía, según anunció el presidente Nayib Bukele.
“Aunque la #GuerraContraPandillas está siendo ganada de manera decisiva, se lanzará una ofensiva contra los remanentes de estas estructuras” ilegales, afirmó el gobernante en su cuenta de Twitter.
El pasado 16 de mayo, un grupo perteneciente a una de estas pandillas asesinó al agente Maximino Vásquez, lo que llevó a las autoridades a implementar un cerco militar que resultó en la captura de varios pandilleros acusados de su presunta participación en el crimen.
Tras el asesinato, Bukele ordenó un cerco con 5 mil soldados y 500 policías en la ciudad de Nueva Concepción, con una población de aproximadamente 30 mil habitantes, en el departamento de Chalatenango, a unos 80 kilómetros al norte de la capital San Salvador.
El objetivo de esta ofensiva es “evitar cualquier intento de reagrupación, como estaba ocurriendo en Nueva Concepción”, enfatizó.
Después del crimen, el presidente prometió que los responsables “pagarían caro por el asesinato de nuestro héroe (policía)”.
Según Bukele, con la imposición del cerco militar lograron destruir “su clica (célula), arrestamos a sus compañeros, arrestamos a su líder” y el viernes fueron detenidos “los tres asesinos”, uno de ellos en un pueblo guatemalteco cercano a la frontera salvadoreña.
Los detenidos “no volverán a sembrar terror” en el país, sentenció.
Las autoridades salvadoreñas llevan a cabo una “guerra” contra las pandillas, respaldada por un régimen de excepción que fue declarado originalmente por el parlamento a petición de Bukele, en respuesta a un aumento de homicidios que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo de 2022.
Desde entonces, se ha detenido a 68,720 presuntos pandilleros, aunque unos 5,000 han sido liberados al no estar vinculados con estas bandas, según el gobierno.
La lucha contra las pandillas cuenta con el respaldo del 90% de la población salvadoreña, según encuestas, pero organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica han criticado los métodos utilizados por Bukele.
