La medida ya está aprobada por el Congreso y es contundente: si un padre no cumple con la pensión alimenticia de sus hijos, no podrá tramitar documentos esenciales como la credencial para votar, el pasaporte o la licencia de conducir. Tampoco postularse a un puesto de elección popular, hacer trámites notariales para la compra-venta de propiedades, ni contraer matrimonio.
¿Era necesario llegar a eso? Los números dicen que sí. El Inegi documenta que, de cada 10 matrimonios, tres terminan en divorcio y tres de cada cuatro hijos de padres divorciados no reciben pensión alimenticia. En todo el país hay siete millones de mujeres jefas de familia que son el único sustento de sus hijos.
Las afectaciones al núcleo familiar van más allá. Comparativamente, las madres que se desentienden son muchísimas menos, pero aun así, en general los abuelos se llevan también una buena parte de la carga dado que son la principal alternativa para cuidar a los infantes mientras ellas salen a trabajar.
Poniendo El Dedo en la Llaga, la senadora Josefina Vázquez Mota dimensiona claramente el asunto: es violencia psicológica y económica contra madres e hijos, que ocasiona trabajo infantil, desnutrición y deserción escolar. Los deudores alimentarios ya no deben estar impunes y las mujeres ya no tendrían que estar rogando por una pensión.
Un gran paso adelante, aunque la legisladora Malú Micher no quita el dedo de la llaga: para que sea un solución redonda, jueces, ministerios públicos y defensores en todas partes deben tener bien puestos los lentes de la perspectiva de género y debe avanzarse también en la legislación contra otros tipos de violencia.
El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias estará a cargo del DIF. Los tribunales de Justicia de todas las entidades federativas deberán proporcionarle la información de quienes deben estar incluidos en ese listado y las autoridades de los tres niveles de gobierno serán responsables de incluir como requisito en sus trámites el certificado que acredite la situación del solicitante.
Claro, habrá quienes busquen ampararse. La senadora Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia, lanza un llamado a los jueces: “¿está por encima de estas restricciones el interés superior del menor y sus alimentos? El juzgador tiene que ponderar entre varios derechos. Si cumple el deudor alimentario, podrá solicitar su pasaporte, su licencia, en fin, toda su documentación, y podrá contender a los cargos de elección popular”.
Como sociedad continuamente cambiante, hombres y mujeres debemos tener siempre claro que esa evolución impone responsabilidades. No hace mucho, las familias solían dar todas las oportunidades posibles de estudio y desarrollo profesional a sus hijos varones, mientras que mantenían a las niñas en casa, aprendiendo labores domésticas y enfocadas en conseguir un buen partido a quien servir de manera sumisa.
Esa sociedad de configuración patriarcal es, en buena medida, la que dio origen a la situación actual de padres ausentes y desobligados, niñas y niños con carencias materiales y afectivas absolutamente evitables, y mujeres que además tienen que enfrentar otros obstáculos como la inequidad de género en el trabajo, para sacarlos adelante.
Esta nueva reforma dirigida a visibilizar y persuadir a los deudores alimentarios tiene múltiples antecedentes. Un gran árbol de navidad en Oaxaca, redecorado por mujeres para exhibir a padres desobligados. Un tendedero de fotos y nombres de padres que cruzaron la frontera y se olvidaron de sus familias, expuesto en el muro de Playas de Tijuana. Expresiones en todo el país de un problema que no puede permanecer ignorado.
Veamos si la medida se aplica eficazmente y vigilemos que no termine siendo letra muerta.
