Por Adriana Delgado Ruiz
Siempre fue conocida como una gran fábrica natural de agua por sus manantiales y pozos. Aun así, la zona de Soyaniquilpan, al norte del Estado de México, está afectada desde hace al menos cuatro años por una profunda sed. ¿Cómo es esto posible? Acaparamiento inmoral.
En 2019, la empresa embotelladora más grande del planeta, Niagara Bottling, instaló una planta en la zona, amparada en dos títulos de concesión que le permiten explotar 2 millones 860 mil metros cúbicos anuales. Para darnos una idea más clara, tiene la capacidad de envasar 23 botellas por segundo para una producción de 456 millones al año.
Suponiendo que todo eso fuera poco, en el parque industrial Arco 57 hay otras compañías que también tienen concesiones de agua. En total, suman 5 millones de metros cúbicos anuales.
Mientras, en las poblaciones cercanas de Soyaniquilpan y Jilotepec sólo hay abasto en las tuberías y llaves cada dos o tres semanas. Las familias se ven obligadas a almacenar en tambos el líquido vital lo más que pueden y a ser víctimas del abuso de quienes lucran con su necesidad vendiéndoles pipas a precios desmesurados. La situación, de hecho, se extiende a los municipios de Tula y Tepeji del Río, en Hidalgo.
¿Cómo se produjo este desequilibrio tan injusto? Aun con su abundancia de recursos hídricos, la zona había sido vedada a la explotación desde 1978 por su alta fragilidad ante una sequía como la que, desafortunadamente, atraviesa gran parte del territorio nacional además por un periodo inusualmente largo.
En 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto eliminó las vedas en 300 cuencas hidrológicas que abrieron la puerta a una lluvia indiscriminada de concesiones de explotación de agua, sin considerar los riesgos y daños. Así fue como Niagara Bottling adquirió sus concesiones, mientras que adquirió los terrenos para su planta mediante presiones y corruptelas en contubernio con caciques locales.
El pasado 14 de febrero, el Congreso del Estado de México emitió un punto de acuerdo para solicitar a las autoridades estatales y federales que vigilen y garanticen el uso responsable de los recursos hídricos de la región de Soyaniquilpan mediante supervisiones para que los concesionarios no exploten más agua de la que tienen autorizada y de hecho lo hagan considerando el derecho de la población local a obtenerla.
Esa zona del norte mexiquense también ha sido víctima de otras tragedias recientes relacionadas con el agua. El manantial Mexicaltongo, en Jilotepec, inició este año en llamas. Sí, en llamas. Los vecinos llevaban tres meses advirtiendo a Pemex sobre un olor cada vez más penetrante a hidrocarburo, hasta que se registró la explosión que lo mantuvo 19 días envuelto en el fuego. Esa agua, por supuesto, continúa sin ser apta para el consumo humano y el uso agrícola.
La petrolera niega que el siniestro haya sido causado por alguna de sus instalaciones, sin embargo, en los días posteriores al incendio extrajo tres mil litros diarios de hidrocarburos del manantial que, de acuerdo con las explicaciones que ha dado a la población, se trató de diesel y aceite de motor. En un oficio entregado a la presidencia municipal, insistió en que el ducto más cercano al desastre no registró ningún reporte de fuga de presión y lo que transporta es gasolina, no diesel.
Sin embargo, sobre el lugar solo corre infraestructura de Pemex. El gran problema, además del severo desastre ambiental con un recurso tan vital como el agua, no es únicamente que se desconoce a quién hacer responsable, sino que al no saberse su origen, puede suceder nuevamente en cualquier momento.
Nos estamos muriendo de sed, de indiferencia y de impunidad.
